Catalá dice que el PP seguirá adelante con un Código Penal contra la corrupción aunque el PSOE renuncie al pacto

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido que los casos de corrupción que están saliendo a la luz en los últimos días demuestran que "el Estado de Derecho y los sistemas de control" funcionan; al tiempo que ha asegurado que el Partido Popular seguirá adelante con el Código Penal y con otras medidas contra la corrupción aunque el PSOE renuncie al pacto de regeneración democrática.

Así ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Senado al socialista Arcadio Díaz Tejera, que ha exigido revisar los sistemas de control internos y externos de la Administración Pública habida cuenta de que se ha demostrado que han "fracasado" órganos como el Tribunal de Cuentas o los Defensores del Pueblo.

Para el senador del PSOE, hay un clima de "hastío y cabreo generalizado" entre el conjunto de los "españoles decentes" por las facilidades que tienen los delincuentes de cuello blanco.

A este respecto, el ministro de Justicia ha apostado por adecuar el Código Penal, que está tramitándose en el Congreso de los Diputados, a la "realidad social". "Estamos implicados en la lucha contra la corrupción y el Código Penal puede ser una herramienta para mejorar los tipos y el reproche penal a conductas indeseables", ha dicho.

DEFIENDE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL

Catalá, que ha mostrado su disposición para que el Código Penal avance "con rapidez" durante su tramitación parlamentaria y ha ofrecido su voluntad de consenso, ha defendido que los jueces, los fiscales y las Fuerzas de Seguridad están demostrando que "los sistemas de control funcionan".

En respuesta a la senadora del PP Silvia Franco, que ha preguntado por la percepción que tienen los ciudadanos sobre la lentitud de la Justicia, el ministro ha abogado por trabajar para mejorar la Administración de Justicia pero también la comunicación y su imagen.

En este sentido, ha apostado por aprovechar el potencial de los más de 55.000 funcionarios y de los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, y por implementar las nuevas tecnologías. "Tenemos un déficit muy importante en esa materia, no es propio de una Administración de siglo XXI", ha concluido.