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Catalá sobre el acuerdo de Podemos e IU: "Las luchas de poder en la izquierda nos dejan bastante tranquilos"

"Las luchas de poder en la izquierda nos dejan bastante tranquilos"
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha defendido este jueves que el PP se centrará en la próxima campaña electoral en el mensaje de la estabilidad económica para el "sostenimiento de los grandes servicios públicos" sin entrar en lo que ha calificado de "luchas del poder en la izquierda", en referencia al acuerdo entre Podemos e IU y un posible acuerdo posterior con el PSOE.
"Las luchas de poder en la izquierda nos dejan bastante tranquilos", ha asegurado Catalá a preguntas de los periodistas antes de su participación en el XIV Congreso Nacional del Consejo General de Procuradores de España, que se ha inaugurado este jueves en Bilbao y que ha contado, entre otras autoridades, con la asistencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
Catalá ha restado importancia a los movimientos en la izquierda después de que los militantes de IU hayan respaldado el acuerdo con Podemos. "Creo que no competimos por espacios sociológicos comunes", ha reflexionado, a lo que ha añadido que el PP se dirige al "entorno sociológico de centro centroderecha".
"Un a gran mayoría sociológica que quiere estabilidad económica, política e institucional para el sostenimiento de los grandes servicios públicos", ha especificado, deslizando a continuación que "a veces" este mensaje quiera ser apropiado en exclusiva desde la izquierda.
Sobre la campaña en sí, Catalá se ha mostrado partidario de reducir los gastos en lo referente al uso de bandeloras o espacios publicitarios, pero no así en aspectos regulados por ley como la duración de la campaña o el 'mailing'.
Esto último, ha comentado, "está orientado a facilitar el voto de los ciudadanos y no tanto a hacer propaganda electoral", de ahí que, aunque abogue por que sea "lo más barato posible", el ministro no sea partidario de su eliminación ya que implicaría "una mayor dificultad para el derecho al voto".