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Catalá dice que una encuesta sería legal y que si no hay desarrollo normativo sería un acto "meramente social"

Afirma que un gobernante debe cumplir la ley y no buscar "triquiñuelas y ocurrencias" y admite que la comparecencia de Mas deja "dudas"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que si el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, lleva a cabo una encuesta el próximo 9 de noviembre no tendrá ningún "problema" y que si esa consulta no está soportada por ningún acto jurídico o norma autonómica sería "una actividad meramente social".
En declaraciones en los pasillos del Senado, el titular de Justicia ha precisado que si la votación se produce como un acto de desarrollo o aplicación de la Ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria, no podría tener lugar dada la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
"Un Gobierno al final lo que tiene que hacer es gestionar los asuntos públicos, cumplir el ordenamiento jurídico, respetar las resoluciones de los tribunales y generar confianza en los ciudadanos, y no buscar triquiñuelas y ocurrencias para intentar que las cosas no se llamen lo que en realidad son", ha recalcado.
Al ser preguntado si Mas puede convocar a la ciudadanía a realizar una encuesta, Catalá ha afirmado que estos sondeos son estudios de investigación sociológica y "si es una encuesta lo que se va a producir, evidentemente no habrá ningún problema". "Pero no se si es lo que se va a producir", ha matizado.
"Si no hay actos jurídicos, normas dictadas por la Generalitat que articulen el proceso, no sé en presencia de qué estaríamos, sería una actividad meramente social, no política, no institucional, no jurídica", ha continuado el ministro, para añadir: "Tenemos que intentar entender que es lo que pretende el presidente de la Generalitat llevar a cabo el próximo 9 de noviembre porque de su comparecencia tenemos una serie de dudas".
Dicho esto, ha explicado que la comunidad autónoma tiene competencias para desarrollar procesos de consulta en el ámbito de sus funciones, pero ha advertido de que en este caso se está hablando de una "cuestión bien distinta", como es el planteamiento de una consulta asociada a la independencia. "No es competencia del Gobierno de la Generalitat", ha zanjado, para añadir que ello tendría vicios de inconstitucionalidad.
UNA VOTACIÓN SIN DESARROLLO NORMATIVO
Al ser preguntado si el Gobierno no puede impedir la presencia de urnas en las calles, ha respondido que ese acto se supone que derivaría de la convocatoria de un proceso electoral con procedimientos y órganos designados al efecto, algo que "estaba en el contexto del decreto que el Gobierno impugnó".
"No acabo de ver como es posible llevar a cabo un proceso de votaciones sin desarrollo normativo", ha reconocido el ministro, para destacar que el Gobierno estará atento a las intenciones de Mas mientras mantiene abierta su voluntad de diálogo con la Generalitat.
Finalmente, al ser preguntado si la clave está en el desarrollo normativo que acometa Mas para sacar las urnas a las calles, el ministro ha respondido que ante el Tribunal Constitucional se impugnan normas y ante lo Contencioso-Administrativo acuerdos gubernamentales. "Si no existen esos acuerdos, lógicamente no estamos hablando de un plano jurisdiccional o de constitucionalidad", ha concluido.