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Catedráticos censuran en el Congreso que la Oficina de Conflictos de Intereses dependa del Gobierno al que debe vigilar

Los tres catedráticos de Derecho Administrativo que han comparecido este jueves en el Congreso para exponer sus recetas anticorrupción han coincidido en reclamar mayor autonomía para la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues consideran que el órgano que ha de controlar las incompatibilidades de los altos cargos difícilmente podrá hacerlo con independencia si depende directamente del Ejecutivo que los nombra y al que pertenecen.
"Choca que un alto cargo ministerial vaya a vigilar incluso a sus propios superiores jerárquicos", ha explicado muy gráficamente el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, Marcos Vaquer, quien ha comparecido a propuesta del PSOE ante la Comisión Constitucional.
El proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado que el Gobierno ha remitido al Congreso mantiene, como en la actualidad, la adscripción de la Oficina de Conflictos de Intereses al Ministerio de Administraciones Públicas. Su máximo responsable tiene rango de director general y es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministerio del que dependerá, aunque antes debe recabar la aval del Congreso.
Para incrementar la independencia de la oficina, Vaquer ha sugerido que quede adscrita al Consejo de la Transparencia y el Buen gobierno --órgano que, en último término, también depende de Administraciones Públicas--, mientras que su colega de la Universidad Oberta de Cataluña Agustí Cerrillo, ha apuntado la posibilidad de que dependa directamente de las Cortes, tomando como modelo de la Oficina Antifraude catalana, vinculada al Parlament.
EUROPA NOS "SACA LOS COLORES"
Cerrillo y Vaquer han hecho hincapié en que desde las instituciones se ha "sacado los colores" a España por la escasa independencia del órgano encargado de controlar los conflictos de intereses de los altos cargos.
El catedrático de la universidad catalana, propuesto por CiU, ha recordado que España es parte de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas y del Convenio sobre esta materia del Consejo de Europa y que, siguiendo sus recomendaciones, es preciso crear un verdadero "organismo independiente" que lleve a cabo las actividades de lucha contra la corrupción y prevención de la misma y una legislación "más ambiciosa" en este tema.
A su juicio, que la Oficina de Conflictos de Intereses "sólo se configure como una dirección general no da respuesta a las necesidades que se derivan de la funciones que se le atribuyen". Por eso ha invitado a sus señorías a inspirarse en modelos foráneos y a crear un órgano que vaya "más allá del control de los conflictos de intereses", como una entidad de investigación de los posibles casos de corrupción y que contribuya a hacer pedagogía para incentivar la prevención de este fenómeno en la administración.
De su lado, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, Andrés Betancor, invitado por el PP, ha reconocido que la futura legislación aumenta la autonomía de la oficina, pero ha coincidido con sus compañeros en la conveniencia de reforzarla aún más, alejándola del ámbito del Gobierno.