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El Centro de Estudios de Moncloa abre las comparecencias en el Congreso pidiendo un pacto de estado contra la corrupción

Pendás es más partidario de agilizar los procedimientos judiciales que de endurecer las penas por estos delitos
El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, ha abierto este miércoles las comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional del Congreso para buscar acuerdos en pro de la regeneración democrática apelando a la consecución de un "gran pacto de estado contra la corrupción" que considera "imprescindible".
Pendás, responsable de un organismo que depende directamente del Ministerio de Presidencia y que participa activamente en la puesta en marcha del Plan de Regeneración Democrática impulsado desde el Ejecutivo, ha defendido el trabajo que, según ha dicho, "ha venido haciendo sin parar" el Gobierno en esta materia desde el principio de la legislatura.
Sin embargo, ha hecho hincapié en que la "legitimidad" que tengan todas las leyes que se pongan en marcha dependerá "mucho" del grado de acuerdo que sean capaces de alcanzar los grupos parlamentarios. "La sociedad española merece un gran pacto de estado contra la corrupción porque ésta daña la legitimidad del sistema y hace que se pierda la confianza entre clase política y sociedad civil", que es el elemento nuclear del sistema democrático", ha alertado.
Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, ha tomado el guante lanzado por Pendás, convencido de que "el acuerdo es la mejor solución". Pero también ha destacado que los proyectos de ley que están tramitándose en la Cámara "no son suficientes" para alcanzar ese pacto porque hacen falta más medidas y ha abogado por "establecer un mecanismo de trabajo entre todos los grupos para dar una respuesta acordada".
ESPAÑA NO ES UN PAÍS CORRUPTO
Pendás, ha dejado claro que "no hay soluciones mágicas en materia de corrupción" pero sí "armas democráticas" para atajarla como la transparencia y la rendición de cuentas. Para combatirla, ha apuntado, se requieren "buenas leyes, voluntad política y una cultura cívica", pero también una "reivindicación de la política" que aplaque los mensajes "populistas y demagógicos" que sostiene que "todos los políticos son iguales" porque lo cierto es que "la inmensa mayoría cumple sus funciones con honorabilidad y sentido de la responsabilidad".
A su juicio, hay que distinguir claramente entre la corrupción y la percepción de la misma, porque si bien no se puede decir que España sea un país "corrupto" --porque no se "compran la notas de los exámenes" ni a un agente cuando te pone una multa de tráfico--, sí existe una alta percepción de la misma porque se dan "casos muy llamativos" que "hay que perseguir implacablemente porque son el cáncer de la democracia".
En este contexto, para el director del CEPC, con carácter general es "mucho más importante una respuesta procesal ágil" de los casos de corrupción que el "endurecimiento de las penas" porque lo que más "irrita" a los ciudadanos es que "los procesos se eternicen y no que no se avance en la sanción a los culpables o ésta no llegue nunca".
INICIATIVAS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Pendás, ha avanzado que el CEPC está trabajando ya en nuevas propuestas sobre participación ciudadana que se incluirán en el Plan de Regeneración Democrática del que también forman parte otras proyectos que ya están en tramitación en el Congreso --reforma del Código Penal, la de Control Financiero de los partidos políticos, y la Ley Reguladora de los Altos Cargos de la Administración general del Estado-- y a las que se unirá la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la regulación de los 'lobbies' en el Reglamento del Congreso.
En concreto, respecto a la Ley Reguladora de los Altos Cargos de la Administración central, ha destacado que su objetivo es "luchar contra la inmunidades del poder" y avanzar en la "dación de cuentas" y ha comentado que sería "interesante" que esta norma sirviera de modelo para la futura regulación de los altos cargos de otras administraciones o incluso de los parlamentarios.
La principal novedad de esta futura ley será, en su opinión, la posibilidad de que la Oficina de Conflicto de Intereses reclame explicaciones al alto cargo si detecta "indicios de un enriquecimiento injustificado que pueden despertar la alerta".
FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
También ha desgranado algunos de los preceptos de la Ley de Control Financiero de los Partidos Políticos como la regulación de la figura de los tesoreros, la prohibición de condonación de deudas por parte de entidades financieras o los principios generales para la contratación por parte de las organizaciones políticas.
En este punto, ha destacado que la norma apuesta por la financiación pública de los partidos, siguiendo el modelo francés. En la actualidad, según los datos que ha aportado, el 80% de la financiación de los partidos es pública y sólo el 14% de sus fondos proceden de sus afiliados.
Pendás ha comparado a los partidos políticos con organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras al afirmar que esta organización recibe 43 millones de euros de aportaciones ciudadanas y que los 37 partidos que con financiación pública reunieron en 2012 más de 40 millones de cuotas de militantes. "La sociedad debe ser consciente de que contribuir a los partidos es contribuir al buen funcionamiento de la democracia y no buscar favores", ha rematado.