CiU pide que el dinero para armamento se dedique a gasto social para las CCAA y UPyD que se realicen auditorías externas

CiU, UPyD y ERC han presentado sendos textos alternativos al decreto aprobado el pasado mayo con el crédito extraordinario de más de 856 millones de euros para pagar los programas especiales de armamento en los que piden otra utilización de estos fondos o un mayor control sobre los mismos.

Así pues, el grupo parlamentario de CiU defenderá en el Pleno extraordinario del Congreso de principios de julio un texto alternativo en el que piden que los más de 800 millones de euros para armamento vayan a parar a programas sociales que gestionan las comunidades autónomas, mientras que UPyD reclamará que el Gobierno realice una auditoría de los programas de armamento para poder financiarlos con el crédito extraordinario.

Por su parte, ERC defenderá un texto alternativo en el que pondrá de manifiesto su rechazo a que cualquier gasto militar sea financiado con cargo al Fondo de Contingencia, como es el caso, así como que el "incremento del presupuesto militar sea a costa de deuda pública".

POBREZA INFANTIL, BECAS, GUARDERÍAS Y DEPENDENCIA

En su propuesta, CiU reprocha al Gobierno que la "facilidad ordinaria que aplica para la financiación de los programas de armamento lo niega sistemáticamente" a las políticas sociales destinadas a combatir la pobreza infantil, a mejorar la financiación de la sanidad, a becas y ayudas para estudiantes, a guarderías y a políticas de dependencia.

Para "corregir este desequilibrio sistemático en las prioridades presupuestarias del Gobierno", CiU defenderá su texto alternativo al decreto del crédito extraordinario, que pide que se destine a las políticas antes mencionadas, aunque sí considera conveniente no mover los cuatro millones de euros que el decreto asigna a inversiones militares para la lucha contra el ébola, concretamente para la remodelación del Hospital Central de la Defensa.

Por su lado, el grupo de UPyD opina que "debe realizarse una auditoría externa que ponga fin a las malas prácticas que en han existido" en la gestión de los programas de armamento, que han sido "un nido de sobrecostes difíciles de explicar, opacidad y, en varios casos, directamente abusos y comportamientos poco íntegros".

AUDITORÍA EN SEIS MESES

De este modo, el partido magenta condiciona, en su texto alternativo, la concesión de crédito para armamento siempre y cuando el Gobierno realice y presente ante las Cortes Generales, en el plazo máximo de seis meses, una auditoría externa de los programas.

Esta auditoría debe contener "la utilidad real de los 19 programas en relación con las amenazas y los riesgos para la defensa española, la cantidad de los programas recepcionados y los que no lo han sido, la vigencia o denuncia de los distintos contratos con la industria, el coste de cada programa y su plan de pagos, los calendarios de devolución de los préstamos, y los calendarios de entrega y de imputación de déficit correspondiente".

El último texto alternativo al decreto lo ha presentado ERC, que pide directamente la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que el Fondo de Contingencia "cumpla estrictamente los objetivos marcados", al tiempo que considera oportuno "impedir que el incremento del presupuesto militar sea a costa de deuda pública".

EL FONDO ES PARA IMPREVISTOS

Para los republicanos, el Gobierno utiliza el Fondo de Contingencia de forma "perversa" porque "lejos de atender necesidades urgentes e imprevisas, está siendo usado para enmascarar un incremento del Ministerio de Defensa al margen del gasto asignado en los Presupuestos Generales del Estado".

ERC recuerda que las partidas del crédito extraordinario para pagar el armamento "ponen en duda el carácter urgente e imprevisto de estas asignaciones", al tiempo que "supone hipotecar un fondo que se creó para atender situaciones verdaderamente imprevistas y urgentes".

En las reformas que propone, ERC quiere que quede recogido en la ley que el Fondo de Contingencia "no podrá ser utilizado para gasto militar, salvo las operaciones militares imprevistas", ni para "consolidar un incremento presupuestario estructural de un determinado ministerio al margen de los Presupuestos".

También reclama que el Gobierno exija "el pleno reintegro de los créditos destinados a empresas armamentísticas o de investigación y desarrollo en el ámbito militar, así como a empresas vinculadas al Ministerio de Defensa".