Citados en Málaga este martes tres investigados por el presunto fraude en cursos de formación

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, se trata del administrador de la empresa y dos familiares. El pasado 17 de abril ya comparecieron otras tres personas relacionadas con esta sociedad y con este curso de soldadura, por el que se concedieron unos 131.000 euros dentro de la convocatoria del 15 de diciembre de 2010.

El módulo investigado en concreto contó con unos 15 alumnos y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostenían inicialmente, en uno de sus informes, a los que ha tenido acceso Europa Press, que esta empresa, a la que se concedió en 2009 otra ayuda, fue creada "con la única finalidad de la percepción de las subvenciones de formación".

En la primera comparecencia relacionada con esta empresa, declararon dos profesores --uno hijo del administrador de la firma-- y la coordinadora de formación. Defendieron que la sociedad se creó para dar cursos y que el módulo se impartió; además de que insistieron en que en este curso "no hubo ninguna inspección" por parte de la Junta, pero sí un control del propio centro.

Esta es una de las 17 empresas que obtuvieron subvenciones --por algo menos de dos millones de euros-- en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010. Posteriormente, las investigaciones se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en otras 10 subvenciones concedidas a otras tantas sociedades.

En general se investigan posibles delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La UDEF apunta en sus informes a una supuesta falta de justificación de cursos de los planes de promoción del empleo del SAE con compromiso de contratación, y también de control posterior, en relación con varias empresas.

Los investigadores relataban en los informes que las supuestas irregularidades se habrían producido tanto previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos; y también posteriores, al incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o por la falta de control o falsedades en los partes de asistencia.