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Ciudadanos prometió el 20D despolitizar el CGPJ y fijar incompatibilidades para fiscal general y TC

Ciudadanos llevaba en su programa electoral con el que concurrió a las elecciones del 20 de diciembre una serie de medidas en materia judicial que incluía un sistema para reformar la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y propuestas para establecer una serie de incompatibilidades para ser fiscal general o miembro del Tribunal Constitucional (TC).
Este martes, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aceptado la reforma constitucional exprés con cinco puntos que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto encima de la mesa, con vistas a cerrar un acuerdo de legislatura.
El candidato a la Presidencia del Gobierno ha aceptado la eliminación de los aforamientos para diputados y senadores, la limitación de la Presidencia del Gobierno a dos legislaturas, la revisión del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para facilitar sus tramitación.
En diciembre, Ciudadanos matizó una primera propuesta en la que directamente abogaba por suprimir el CGPJ entre una treintena de medidas en las que también figuraba la eliminación del Senado y de los decretos ley, así como blindar en una reforma de la Constitución las competencias del Estado.
Tras las críticas de asociaciones de jueces, días después la formación naranja matizó su propuesta inicial sobre el CGPJ, incluyendo un paso previo en el que una ley orgánica facilitaría a jueces y magistrados elegir a los vocales del Poder Judicial. En la propuesta relegada, Ciudadanos quería suprimir el CGPJ y asignar sus funciones al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que estarían asistidos por dos adjuntos.
JUSTICIA MÁS RÁPIDA Y CON GARANTÍAS
El objetivo llevado al programa electoral de Ciudadanos era conseguir una Justicia "rápida, eficaz y con garantías", por lo que se comprometían a nombrar a los jueces y magistrados según su mérito y su capacidad.
También hablaban de la provisión de todas las plazas de Juzgados, Audiencias y Tribunales y, en particular, la de los altos cargos (presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo) a través de procedimientos reglados, sin discrecionalidad alguna.
Esta idea alcanzaba al fiscal general del Estado, cuya elección quedaría regulada en la Constitución mediante un procedimiento abierto que permitirá optar al cargo a todos los que cumplan requisitos como acreditar veinte años de ejercicio en la carrera. Para ser designado magistrado del TC se aumentaba a 25 años de ejercicio profesional el requisito para ser nombrado, incluyendo un estricto sistema de incompatibilidades.
Además, establecía un plazo perentorio para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los temas que son elevados a este órgano de garantías y que no podría superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales.
El partido presidido por Albert Rivera defendía la necesidad de un plan de Estado para mejorar, con más jueces y más medios, la administración de justicia en un plazo razonable que permita a España aproximarse a los ratios medios de la Unión Europea. Entre las medidas figuraba la de suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados.