Coalición ProAcceso alerta de que la Ley de Transparencia del Gobierno está por debajo de los estándares internacionales

La Coalición Pro Acceso ha alertado este viernes de que el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está "por debajo de los estándares internacionales" pese a las "promesas" de mejora de la norma.

Así lo ha denunciado esta plataforma, en una rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y en la que han participado la directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire; la vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Ana Etchenique; el presidente de Amnistía Internacional España (AIE), Esteban Beltrán; y el profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Manuel Sánchez de Diego.

Para Darbishire, el proyecto de Ley tiene "tres problemas fundamentales". En primer lugar, según ha explicado, "no existe un reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información", que sí reconocen numerosos órganos e instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "limitándose por tanto al reconocimiento del derecho a la libertad de expresión.

En segundo lugar, Darbishire ha denunciado que la norma prevé "exclusiones masivas" en relación con la información que se puede solicitar, "relevante para saber cómo actúa la administración pública". En tercer lugar, echa en "falta" una entidad "relevante e independiente que vele por el cumplimiento de la Ley".

"Necesitamos una buena ley, fuerte, que cumpla todos los estándares internacionales", ha aseverado, para después añadir que la coalición ya se ha puesto en contacto con los parlamentarios para lograr, antes de que acabe el plazo para presentar enmiendas el próximo 25 de septiembre, "mejorar ley", cosa que ve "difícil debido a cómo está la mayoría parlamentaria en el Congreso ahora".

A su juicio, el Gobierno prometió "aplicar en España las leyes más progresistas del mundo" y esta norma "no lo es". También, ha opinado que "debería haber habido una consulta pública" sobre cómo articular la norma. "Todo esto es una frustración para nosotros porque la información es un bien común", ha apostillado.

"NO VA A PERMITIR AVANCES"

Por su parte, el director de Amnistía Internacional España ha centrado su intervención en la información relativa a los Derechos Humanos (DD.HH.) y ha opinado que, en este sentido, "España es un país opaco", que la Ley de Transparencia "no va a permitir avances" y que "no va a aumentar la protección de los ciudadanos en los que respecta a sus derechos".

En este sentido, Beltrán ha denunciado que la sociedad no pueda saber "qué pasó con los famosos vuelos de la CIA" sobre cielo español; que "no se sabe cuántos centros terapéuticos para menores" hay en España; que no se puedan recoger "datos sobre incidentes racistas o de discriminación por razón de sexo, origen o raza" o que se desconozcan "datos obre malos tratos a personas bajo custodia policial".

"Existen muchas limitaciones" al derecho a la información "injustificables" incluso en casos de "crímenes de lesa humanidad o de violación de Derechos Humanos", ha señalado Beltrán.

Ana Etchenique cree que se trata de un "momento crítico" en el que "todo el mundo está bajo sospecha". En su opinión, esta situación "sólo se puede resolver con un derecho a la información real, que recupere la confianza" y "elimine el descrédito" que sufren ciertos organismos públicos.

"Ha llegado un punto en que el derecho a saber es un deber. Tenemos que estar informados y exigir información ya que no podemos seguir siendo tutelados por una administración que, en realidad, está a nuestro servicio. Es un momento de urgencia absoluta porque estamos hipotecado el futuro de personas e, incluso, del planeta", ha argumentado la vicepresidenta de CECU.

"OBLIGACIÓN DE HACER UNA BUENA LEY"

Sánchez de Diego ha querido enviar un mensaje a todos los diputados y ha dicho que "ellos, que tienen la pelota en su tejado, tienen la obligación de hacer una buena ley". Dicho esto, ha insistido en la necesidad de que la norma reconozca como "derecho fundamental" el acceso a la información y cree "un organismo independiente que vele por el cumplimiento y la protección" de dicho derecho. "Parece absurdo que saquemos una ley que nace vieja", ha aseverado.

Finalmente, Darbishire ha concluido pidiendo que el alcance de la ley llegue "a todos los poderes públicos, es decir, al legislativo, al judicial y al ejecutivo" pero también "a todas las empresas y organismos privados que ejercen tareas u ofrecen servicios públicos".