Colau y alcaldes metropolitanos piden al Parlament gestionar 'okupaciones' y evitar alquileres abusivos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los primeros ediles de las otras cinco ciudades más pobladas del entorno de la capital catalana han exigido este miércoles más recursos para abordar la emergencia habitacional y que el Parlament sea "lo máximo ambicioso posible" y tenga en cuenta a los municipios en el último trámite para aprobar la nueva ley de vivienda, aceptando alegaciones presentadas por los ayuntamientos.

"Ahora están previstos 14 millones de euros, de los que el 50% recaen en la Generalitat y el 50% en los ayuntamientos, y es clarísimamente insuficiente", ha aseverado Colau en rueda de prensa con los alcaldes de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; Badalona, Dolors Sabater; Terrassa, Jordi Ballart; Sabadell, Juli Fernández, y Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, tras reunirse en el Ayuntamiento de Barcelona.

Colau ha destacado que, en el trámite inicial, se aceptaron diversas alegaciones que presentó el Ayuntamiento de la capital catalana, pero que no se aceptaron otras como la regulación de los alquileres abusivos de pisos vacíos de grandes tenedores, ni la obligación de que estos grandes tenedores deban realojar a familias que 'okupan' sus pisos en situación precaria por ser vulnerables.

Han pedido que grupos parlamentarios hagan suyas las alegaciones desestimadas de los municipios, porque están "al límite", según Colau, que ha exigido aprovechar esta nueva herramienta para combatir la emergencia habitacional, después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera artículos relativos al asunto de la Ley 24/2015 tras un recurso del Gobierno central.

SOLOS Y AL LÍMITE

Marín ha coincidido en destacar que los recursos previstos para la emergencia habitacional en los Presupuestos --presentados este martes por el conseller Oriol Junqueras-- son insuficientes, y ha lamentado que los municipios se han sentido "muy solos ante esta problemática y ante las consecuencias de la crisis económica, que han tenido que asumir prácticamente en solitario los ayuntamientos".

Han exigido unos Presupuestos que sean consecuentes con la magnitud de esta problemática, en palabras de la alcaldesa de Badalona, que ha destacado que la situación es cambiante y que la normativa debe adaptarse a ella, y ha aseverado: "Vemos impotentes como los grandes beneficiados de la gestión de esta crisis, que en realidad es una estafa, son los bancos que fueros rescatados con dinero público y no lo han tenido que revertir en el bien común".

Ballart ha destacado la importancia de la imagen de unidad del ámbito local para reclamar "la máxima valentía y ambición de todos los partidos del Parlament", y ha pedido también que se incluya en la ley la obligación de los grandes tenedores de realojar a familias que 'okupan' o están en precario por no tener recursos y por la negativa de las entidades de formalizar contratos.

El alcalde de Sabadell ha coincidido en exigir que la nueva ley aspire al máximo, después de que "el Gobierno del PP decidiera igualar la miseria recurriendo una ley del Parlament que había decidido igualar en dignidad con una ley que no lo resolvía todo pero que era una herramienta para los ayuntamientos".

Parlon también ha tachado de insuficiente el presupuesto previsto, pero ha destacado que, más allá de este trámite parlamentario, son necesarios recursos para hacer un abordaje integral del "círculo de la pobreza" mediante la coordinación entre administraciones, porque no puede resolverse la emergencia habitacional sólo desde este ámbito cuando el problema parte de la precariedad laboral, ha ejemplificado.

102 DESAHUCIOS EN CINCO DÍAS

Colau ha explicado que hace dos semanas el Ayuntamiento tenía conocimiento de que la pasada semana estaban previstos 102 desahucios en cinco días, el 70% de los cuales por impago de alquiler, y cerca del 20% por 'okupaciones'.

La primera edil ha explicado que, de los 102, finalmente se produjeron seis tras el trabajo del consistorio, que realojó a las familias afectadas, situación que asegura que ilustra la problemática en los municipios y por la que ha insistido en hacer una "interpelación a la Generalitat y al Parlament para que tengan en cuenta la voz de los ayuntamientos y aprovechen la ley para ir al máximo y no al mínimo".

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