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El Congreso insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de traductores e intérpretes judiciales

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con la abstención de CiU, una proposición no de ley planteada por el PP en la que se insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados, así como a crear el correspondiente Registro, en colaboración con las comunidades autónomas.
El portavoz de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha destacado que los traductores son "pieza clave" para los extranjeros inmersos en procesos judiciales en territorio español y que la actuación de estos operadores es "imprescindible para cumplir con su derecho a la tutela judicial efectiva".
Éstos son los dos reclamos que los 'populares' han incluido en su iniciativa, con la que buscan que se tomen medidas para "asegurar" la profesionalidad de estas personas, que son "una pieza clave" en los procesos judiciales cuando las partes que acuden a él no hablan el castellano o las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas.
UNA SOLUCIÓN PARA ESTE 'VACÍO LEGAL'
Según expone el PP en el texto, la actuación de estos profesionales es "imprescindible" para cumplir con la tutela judicial efectiva que contempla la Constitución, si bien actualmente la legislación, y singularmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hace referencia a la manera en la que han de desarrollar su actuación o a los requisitos que han de cumplir.
En este sentido, el partido del Gobierno destaca que las propias asociaciones de traductores e intérpretes judiciales y jurados vienen pidiendo una solución para este 'vacío legal' y, de hecho, considera "oportuno" que el Ministerio de Justicia, en colaboración con ellas, exija una formación "adecuada y uniforme" a todos los traductores judiciales, fijándose a la vez una formación continuada en la material para mantener los niveles de profesionalidad.
Y para garantizar los requisitos de formación y profesionalidad que marque el Gobierno se cumplan --al igual que se ha previsto en la Ley de Mediación--, el PP cree que sería "conveniente", además, crear un Registro de traductores e intérpretes jurados, dependiente del Ministerio de Justicia que, a su vez, está coordinador con las administraciones autonómicas.
SE TRABAJA YA EN LA REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL
El PP plantea esta proposición consciente de lo "preocupado" que está el Gobierno por la profesionalidad y mejora del servicio de la Administración de Justicia, como lo demuestra el hecho de que se esté trabajando en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Precisamente, recuerda, que el pasado 7 de mayo el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, acudió al Congreso para dar cuenta del trabajo de la comisión de expertos para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la citada norma.