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El Congreso llama a inventariar los documentos secretos de más de 50 años para decidir lo que se desclasifica

El Congreso de los Diputados ha emplazado al Gobierno a hacer un inventario de los documentos oficiales de hace más de 50 años que permanecen clasificados para, a partir de ahí, decidir cuáles de ellos desclasifica el Consejo de Ministros.
Así se recoge en una iniciativa promovida por Izquierda Plural y pactada con el PP y con el PSOE que finalmente ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso.
La propuesta inicial de Izquierda Plural, defendida por el diputado de CHA, Chesús Yuste, era aplicar el criterio que rige en otros países occidentales de no prorrogar el carácter secreto de los documentos más allá de 50 años, pues en nuestro país se puede mantener la clasificación indefinidamente y al arbitrio del gobierno en cada momento.
EL ANUNCIO FRUSTRADO DE CHACÓN
En los últimos meses de Gobierno socialista, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, propuso desclasificar 10.000 documentos secretos de entre 1936 y 1963, legajos referidos a hechos relacionados con la guerra civil y la dictadura y que ya no representaban "riesgo alguno para la seguridad del Estado".
Pero aquella medida no llegó a aprobarse y el asunto pasó al Gobierno del PP cuyo titular de Defensa, Pedro Morenés, acabó desestimándolo alegando que no era una prioridad y que su examen requería un "extraordinario trabajo".
"¿A qué tiene miedo el Estado para impedir la investigación? ¿Qué hay que ocultar años o siglos después?, se ha preguntado Chesús Yuste, cuya iniciativa contó con el respaldo de UPyD y CiU, así como la complicidad del PSOE, que presentó un texto transaccional para encargar esa desclasificación a una comisión interministerial.
Pero el PP, que ya rechazó una iniciativa sobre el mismo temas en febrero, ha reiterado por boca de la diputada Rocío López sus reparos recordando que, aún en el caso de que se aceptara el tope de medio siglo propuesto por la Izquierda Plural, los documentos no podrían dejar de ser secretos "de forma automática", sino que habría que analizar siempre las consecuencias de esta medida tanto sobre la seguridad del Estado, el orden constitucional o la intimidad de las personas cuya identidad conste en ellos.
SI LO PERMITE LA "DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA"
Al final, los tres grupos han pactado un texto transaccional en el que se insta al Gobierno a "adoptar las decisiones correspondientes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados, para inventariar y analizar los documentos clasificados anteriores a 1968 por parte de los distintos organismos gubernamentales".
Ese inventario sería el "paso previo a seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados", decisión que habrá de tomar en su caso el Consejo de Ministros.
Además, se reclaman "tomar las medidas necesarias para garantizar que los documentos sin clasificación y los que sean desclasificados fruto de este proceso, estén a disposición pública para su consulta", atendiendo así una demanda de los investigadores.
Por último, se emplaza a "cumplir los instrumentos internacionales suscritos por España en relación con temas de archivo y documentación adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación y los archivos, y el Convenio del Consejo de Europa de junio de 2009 sobre Acceso a Documentos Públicos".