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El Consejo de Estado avala la reforma del aborto

El Consejo de Estado ha avalado la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto que promueve el Gobierno, pero incide en la oportunidad de que los padres de las menores de edad sean informados de la decisión de sus hijas de interrumpir el embarazo.
Con este dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, el anteproyecto de reforma de la ley de aborto obtiene 'luz verde' para que sea elevado al Consejo de Ministros y a continuación pueda iniciarse su tramitación en las Cortes.
Entre las modificaciones planteadas por este organismo destaca la de diseñar alguna fórmula para que los padres de las chicas menores de edad sean informados de la decisión de éstas de interrumpir voluntariamente su embarazo.
El informe del Consejo de Estado, cuyo ponente ha sido Miguel Herrero de Miñón, ha sido aprobado por unanimidad.
Además de avalar la constitucionalidad de la reforma que ha planteado el Ejecutivo, el Consejo de Estado ha reconocido la capacidad de decisión de las menores para tomar la decisión. Sin embargo, en este sentido sí recomendarán al Gobierno que incluya en la ley alguna fórmula para que los padres de esas menores que deciden abortar sean informados.
También sugerirán cambios en cuanto se refiere al "procedimiento informado" que se debe seguir antes de la interrupción de un embarazo.
Durante los próximos días, el Gobierno estudiará las sugerencias planteadas por todos los órganos que se han pronunciado sobre la ley, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, previsiblemente la próxima semana.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva sustituirá a la actual legislación, vigente desde 1985 y que despenalizó el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
La reforma de la ley contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.