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La juez Coro Cillán declara que precintó la discoteca Moma para evitar que se produjera otro homicidio como el de Ussía

La magistrada María del Coro Cillán, al frente del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, ha declarado este lunes que acordó precintar la discoteca Moma en septiembre de 2011 a raíz de la denuncia de uno de los socios para evitar que se produjera otro caso como la muerte del joven Álvaro Ussía, quien falleció en 2008 a manos de un portero de El Balcón de Rosales.
Cillán, conocida por reabrir el caso del 11-M o llevar la investigación del 'caso Ussía', se sienta desde hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por un presunto delito de prevaricación por favorecer supuestamente con una decisión judicial a un amigo íntimo. Se enfrenta a la petición de que se la inhabilite para ejercer como magistrada.
En la fase de cuestiones previas, la representación procesal de uno de los exsocios de Moma ha decidido retirar su acusación. El fiscal ha querido denunciar que se ha hecho "un uso torticero" de la querella que se presentó, ya que ha señalado que no considera que se halla incurrido en un delito de prevaricación, sino que podría haber sólo indicios.
Esta cuestión podría llevar a que las actuaciones se archiven, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas. Además, consideran que en fase de instrucción no se puede dar un delito de prevaricación, ya que todas las decisiones judiciales son recurribles.
Tras reseñar al principio de la vista que no se considera autora de ningún delito, la juez ha recordado durante su declaración que todo surge a raíz de una denuncia que presentó uno de los socios de Moma por administración desleal contra otro. En el escrito se solicitaba como medida cautelar el precinto del local. "Se estaban produciendo robos y enfrentamientos entre los porteros. Días antes se produjo una pelea", ha relatado.
Asimismo, ha recordado que dirigió la instrucción por la muerte de Álvaro Ussía y entendía que "tenía que tener cuidado" con este tipo de asuntos. "Había que tomar medidas preventivas. Hay que evitar y no lamentar. Y eso era un precinto por ocho horas. Tomé la decisión porque los porteros no estaban asegurados. Siempre procuro que se cumplan las normas del derecho laboral. La mínima investigación era obvia porque ya un juzgado estaba investigando una pelea que se produjo días antes", ha señalado.
Sobre la instrucción, ha negado que presionara a la fiscal del caso, Soledad García, para que emitiera un informe favorable al precinto. Y ha recordado que los jueces son los que toman las decisiones finales.
De este modo, ha indicado que acordó precintar durante ocho horas el local y nombrar a un administrador para "poner orden en aquel desorden". También ha dicho que ella no tenía nada que ver con la cuenta que se abrió en el juzgado, ya que sus funciones se limitan al ámbito jurisdiccional.
"Era necesario que no continuara el delito de robo y la desaparición de ordenadores. El problema era evitar el problema de los porteros y había que asegurarles inmediatamente", ha explicado la juez de Madrid.
ACUSACIÓN
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de Madrid solicita para la magistrada la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de veinte años. En el auto de procesamiento, el TSJM apreciaba la existencia de elementos típicos del delito continuado de prevaricación. Por ejemplo, señalaba como conducta irregular que la juez implantó una administración judicial respecto a "unos locales en los que ni consta ni se denuncia la comisión de hechos delictivos, sino una controversia entre sus titulares".
Además, tachaba de "escandaloso" que la juez nombrase a un administrador judicial "sin debate ni reflexión ninguna" y por una providencia le reconociera seis días más tarde una retribución mensual de 18.000 euros.
Asimismo, recalcaba que la juez nombró para uno de los dos puestos de administrador a su propio novio, quien "pasó a ser administrador único con una retribución mensual de dos mil quinientos euros"
EXPEDIENTE
El pasado diciembre, la comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incoó un expediente disciplinario a Coro Cillán por cuatro posibles faltas de disciplina cometidas en relación diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la citada discoteca.
Al parecer, se encontraron indicios de que Cillán habría incurrido en "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales" por haber facilitado la entrada como administrador judicial de esa discoteca, durante el periodo en el que estuvo precintada, de su supuesto "novio".
Otra de las faltas tenía que ver con la "desatención o el retraso injustificado" en la resolución de este asunto. También se le investigó por "exceso o abuso de autoridad".