Cospedal exige al PSOE "el cese de las filtraciones partidistas"

En rueda de prensa, ha reclamado al PSOE, al que ha acusado de instigar "esta campaña de acoso y derribo" al PP en periodo pre-electoral, que deje de utilizar las instituciones del Estado, como la Fiscalía General o el Ministerio del Interior en este asunto. La dirigente popular ha recordado que el PSOE fue condenado "en sentencia firme" por robar fondos reservados y financiar ilegalmente a su partido, así como los casos del GAL y Filesa.

Opinión oficial

Cospedal, que ha dicho que emitía la "opinión oficial" ante esta campaña de "desprestigio y acoso" de determinados medios de comunicación y del PSOE, ha insistido en que no van a consentir que se implique a su partido en esos presuntos delitos. Ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus militantes y votantes, a los que ha pedido confianza, "porque el partido no tiene nada que ocultar" y es honesto y transparente.

Ha precisado que "en el hipotético caso" de que algún militante del PP tenga algún tipo de responsabilidad, el partido actuará "con toda contundencia", pero "no van a aceptar lecciones" del PSOE.

Exigencias al Poder Judicial

Cospedal ha exigido al Poder Judicial que tome medidas, incluso penales, para quienes estén haciendo esas filtraciones "de datos interesados e interés partidista que pueden implicar al PP" y favorecer al PSOE. "Se están produciendo filtraciones -ha continuado- de un sumario secreto absolutamente escandalosas", que pueden exigir una responsabilidad penal, ya que producen indefensión a las personas implicadas.

"Cortina de humo"

Se ha mostrado "absolutamente convencida" de que este asunto es "una cortina de humo" del PSOE para tapar los tres millones de parados y evitar que se hable de "los lujos" del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. Pero, ha advertido, "no vamos a consentir que el PP sea acusado de lo que no es y menos desde el PSOE, condenado por la financiación ilegal del partido y por el mal uso de los fondos reservados".

Respecto a que algunas instituciones gobernadas por el PP, como la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento de Boadilla, hayan utilizado las empresas ahora implicadas, Cospedal ha destacado que si una administración contrata los servicios de una empresa, ello no implica que haya una vinculación con lo que haga esa firma.

Ha precisado que el presidente valenciano, Francisco Camps, tiene justificadas sus cuentas y que la contratación fue regular y ha insistido en que la presunción de inocencia debería funcionar en un Estado de derecho. En cuanto a que el PP nacional dejara de contratar a esas empresas en 2003, ha afirmado que los contratos se hacen en un determinado momento y se dejan de hacer en otro "sin un motivo especial".