Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

CyL niega coacciones de Beteta sobre la extra y asegura que ya se empezó a negociar el pago y los plazos

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha negado este jueves cualquier tipo de coacciones por parte del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para que el Gobierno no abone la paga devengada de la extra de 2012, como aseguró ayer la secretaria regional de la FSP de UGT, Carmen Amez.
"Para nada", ha aseverado el portavoz, que ha recordado que la Junta de Castilla y León prefirió "con buen criterio" sentarse a negociar con los sindicatos cómo hacer frente a la devolución de esos 45 días devengados de la extra de 2012 ante el goteo de sentencias de los tribunales en favor de los trabajadores de la función pública.
Tras recordar también que la Junta de Castilla y León fue "una de las primeras administraciones" en sentarse a negociar este asunto, el portavoz ha indicado que la intención del Gobierno autonómico es "acercar posturas" para consensuar los plazos y la cantidad.
Según ha explicado, como en toda negociación, unos, en referencia a los sindicatos, querrán que sea "pronto y todo" mientras que otros, la Administración, abogarán por plazos más flexibles ante el montante al que asciende la devolución de esa parte devengada de la extra, unos 40 millones de euros.
El portavoz ha aclarado asimismo que este asunto no se tiene que tratar en ninguna mesa concreta sobre el asunto sino que se hablará con los sindicatos, como ya se ha iniciado, para trasladar el acuerdo después a la Mesa General y al Consejo de la Función Pública.
Dicho esto, ha vuelto a supeditar el acuerdo final de esa negociación a la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre la eliminación de la paga extraordinaria de 2012, una decisión, ha recordado, que adoptó el Gobierno central y que tuvieron que acatar el resto de las administraciones.