Defensa recurre a los tribunales para no dar información sobre los invitados que han viajado en aviones oficiales

En octubre del año pasado, la fundación solicitó a través del Portal de Transparencia un listado de pasajeros transportados por la flota del 45 Grupo del Ejército del Aire, unidad responsable del traslado de autoridades.

La flota del 45 Grupo, dos Airbus A310 y cinco Falcon 900, se utiliza para transporte de autoridades de la Casa Real y del Gobierno, pero también para transporte de tropas --como los relevos de efectivos en las misiones internacionales--, aeroevacuaciones --como los traslados a España de dos religiosos contagiados de ébola en 2014-- y apoyos a organismos internacionales.

Según la Fundación Civio, el departamento que dirige en funciones Pedro Morenés se negó a facilitar esa información, lo que hizo que Civio planteara un recurso ante el Consejo de Transparencia, que éste admitió de forma parcial.

El Consejo resolvió entonces que Defensa no aportaba en su respuesta "ni normativa concreta ni acto de clasificación expreso" que pudiera fundamentar que el listado de pasajeros que viajen junto a autoridades transportadas por el 45 Grupo fuera "una materia de naturaleza clasificada o que haya sido objeto de un acto expreso de clasificación".

UNA ACTIVIDAD PÚBLICA CON FONDOS PÚBLICOS

Además, esta resolución del Consejo de Transparencia, que recoge Europa Press, recuerda a Defensa que el transporte en aviones oficiales "se realiza con cargo a fondos públicos y haciendo uso de material de carácter público y se enmarca dentro de la actividad pública desempeñada" por el 45 Grupo.

Por todo ello, opina que el ministerio "debe proporcionar la información sobre los pasajeros acompañantes de autoridades transportadas por el 45 Grupo desde el año 1976 o desde el momento en que estén los registros disponibles". Dicha información, añade, no incluye ni datos de vuelos que hayan sido clasificados ni de la tripulación o personal de seguridad.

La resolución del Consejo de Transparencia está fechada el 16 de febrero de este año y emplazaba a Defensa a proporcionar la información solicitada en el plazo de un mes. Según la Fundación Civio, el ministerio ha optado por acudir a los tribunales al discrepar de esta resolución.