Defensora del Pueblo dice no ser partidaria de tocar el derecho de manifestación y aboga por reducir administraciones

La defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril, afirma "no ser partidaria de tocar" el derecho de manifestación, porque "respeta mucho la Constitución", toda vez que ha abogado por "reducir" las administraciones públicas", ya que, a su juicio, "nos gusta extender la cosa pública y se trata de un entramado muy costoso".

Así, en una entrevista a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, la Defensora ha asegurado que "respeta mucho la Constitución, y la libertad de reunión, asociación y manifestación". "Los delegados en los distintos lugares sabrán acordar con los organizadores de las manifestaciones los horarios o los recorridos para causar pocas molestias, pero no soy partidaria de tocar ese derecho", agrega.

Asimismo, y cuestionada sobre si se está yendo demasiado lejos con los recortes en servicios públicos esenciales, tras conocer que de las 24.000 quejas recogidas en el Informe de la Defensoría correspondiente a 2011, sobresalen las quejas en educación correspondientes a falta de profesorado y en la justicia por su lentitud, Becerril ha dicho que "le duelen mucho los recortes", pero España "tiene que reducir su déficit, ese desfase que hay en sus cuentas entre lo que ingresa y lo que gasta.

Y añade que "no hay más, porque la Unión Europea se lo está exigiendo a todos los países, y hay que reducir gastos y equilibrar cuentas de aquí a 2014", y por tanto, las administraciones públicas y los gobiernos de las comunidades "van a tener que bajar sus gastos y sus prestaciones". Y destaca que "cuando llegan a la educación y sanidad le duele mucho", toda vez que aclara que las quejas en educación "no son solo por reducción de profesores, sino también hay muchas porque no se consigue que los padres puedan elegir con toda facilidad y libertad el centro".

"España está en momento muy difícil y tenemos que hacer un esfuerzo para salir de esta situación, de modo que de aquí a unos años todos esos recortes puedan quedar a un lado, y podamos volver a tener lo que años atrás más capacidad en sanidad, educación, carreteras, etcétera". "Me duele porque le duele a las personas, pero es que tenemos que salir, y por eso en este tiempo difícil tenemos que recortar aquello que no es imprescindible y mantener durante un tiempo otras prestaciones fundamentales".

Por otra parte, y sobre su valoración acerca de las palabras del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, cuando habla de "que Andalucía está al borde de la emergencia social", Becerril ha afirmado que "no hay que asustar". "Las cosas están difíciles, tenemos que hacer un esfuerzo, y si a todo eso le añado unas palabras tan graves como esas, voy a poner las cosas más tensas", toda vez que insiste en que "las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo para ver qué se puede quitar sin hacer daño ni causar perjuicios".

"SOMOS DEFENSORES DE TODOS LOS ESPAÑOLES"

"Tenemos que reducir las administraciones públicas", porque "nos gusta extender la cosa pública y se trata de un entramado muy costoso". Al hilo de lo anterior, y preguntado sobre si esto incluye la duplicidad del Defensor del Pueblo, ha explicado que "en 1978, la Constitución contempla la figura del Defensor para todo España", una institución "capaz de atender a todos los españoles". Pero, matiza, "si hay comunidades que quieren tener su Defensor, tampoco quiero ingerir en esas cuestiones", pero "nosotros somos defensores de todos los españoles", reitera.

Además, y cuestionada sobre de dónde quitar sin hacer perjuicios, Soledad Becerril ha señalado que la Oficina del Defensor "se ha dirigido mediante un escrito muy razonado al Ministerio de Economía y Competitividad y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la situación de miles de familias que no pueden pagar sus hipotecas y van a ser desahuciadas, una recomendación para que trasladen a las entidades financieras", y "le hemos dicho que las entidades renegocien con las personas afectadas, y vean la vía de aminorar la presión, y que puedan permanecer en sus casas".

"Tampoco viene bien para las entidades quedarse con los pisos, que no van a vender, no tienen donde colocar, y sin embargo, pones a una familia en la calle", lamenta Becerril, quien añade que "la mayoría de las entidades están negociando con las personas afectadas, y al mismo tiempo hacemos una recomendación, aceptado por el Gobierno, sobre que las entidades financieras, cuando suscriban fondos preferentes, lo hagan con conocimiento absoluto del que suscribe".