Detenido el ex alcalde de Lorca en una operación anticorrupción

Navarro está supuestamente implicado en una trama en la empresa municipal de limpieza

La Ejecutiva socialista de Murica inicia su expediente de expulsión

Navarro llegó a las 20 horas en un coche patrulla a los juzgados lorquinos, donde entró escoltado por cuatro agentes de la Policía Nacional, con la cara descubierta y sin esposas.

El ex regidor lorquino, acusado de un presunto delito de malversación de caudales públicos, rehusó hacer declaraciones al nutrido grupo de periodistas que le esperaban a las puertas de los juzgados, y accedió a los mismos a través de la puerta que conduce a los calabozos.

A las puertas de la sede judicial esperaban también a Navarro un grupo de cinco ex concejales socialistas, que formaron parte de sus equipos de gobierno durante su época de alcalde y que le gritaron "ánimo, Miguel", al tiempo que le aplaudían. Gesto que Miguel Navarro ha correspondido levantado la mirada y haciendo un pequeño ademán a modo de saludo.Los dos detenidos, el ex alcalde y el ex concejal, se encuentran en dependencias de la Comisaría de Lorca a la espera de pasar a disposición judicial. Jesús Molina ocupó el cargo de concejal delegado de la empresa municipal de limpieza entre 1999 y 2003. Es mediante esta sociedad, Limusa, a través de la que se cometieron supuestamente delitos contra la Hacienda Pública.

Con las detenciones de Navarro y Molina ya son ocho las que se producen en el marco de la operación 'Limusa'. La primera fue la del ex director de la empresa, Francisco Gil, que permanece en prisión provisional desde marzo acusado de malversación y delitos contra la hacienda Pública. El lunes otras cinco personas fueron arrestadas por su presunta relación con delitos fiscales.

Entre los cinco detenidos del lunes está el notario Sebastián Fernández, el ex concejal del PSOE, Miguel Miras García, el dentista Urbano Alejo, el corredor de seguros Ángel Trinidad Martínez, y el ex interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyatos. Todos están en libertad con cargos pero sin fianza, con excepción del último, que aún no ha prestado declaración ante el juez.

Esta operación se inició el pasado marzo cuando fue detenido el director de la empresa municipal de limpieza, Francisco Gil, que está en prisión desde entonces. Está acusado de un delito contra la Hacienda Pública y de malversación. 

Gil, según el sumario al que ha tenido acceso La Verdad.es , sería el socio junto a los demás implicados de la empresa Cabo COPE Naturaleza que ha cometido un delito relacionado con el IVA y el impuesto de sociedades en la venta de viviendas. La empresa Cabo Cope se habría creado un entramado de empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria directamente o mediante la participación en distintas sociedades.



La investigación se inició tras la denuncia de un trabajador municipal.

Reacciones

La Ejecutiva del PSRM-PSOE ha decidido tramitar el expediente de expulsión contra Miguel Navarro. En un comunicado, el partido expresa su "máximo respeto a las actuaciones judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como el reconocimiento de la presunción de inocencia que goza cualquier persona" en un Estado de Derecho y su deseo de un rápido "esclarecimiento de los hechos".

El Partido Socialista defiende que "las personas implicadas en este tipo de asuntos se defiendan en la esfera privada, al margen de cualquier cargo público que pudieran ocupar y de su pertenencia" a esta formación política, y recuerda además que en la actualidad Miguel Navarro no ocupa ningún cargo público.

 

Por su parte, el actual alcalde de Lorca, Francisco Jódar, del PP, considera "prematuro" hacer valoraciones sobre la detención de Navarro. Jódar sólo ha querido manifestar que sus "sensaciones en estos momentos" son de "profunda preocupación".

El presidente del Gobierno de Murcia, el también popular Ramón Luis Valcárcel, ha dicho sobre la detención que si él fuera del PSOE "estaría pidiendo explicaciones" acerca de lo sucedido, al tiempo que ha pedido respeto al trabajo de la Justicia y a la presunción de inocencia de los implicados.





 

 

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