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Dinero público para anticonceptivos

El diputado Gaspar Llamazares ha comparecido junto al diputado de ERC, Joan Tardá, para dar esta noticia y añadir que ambas formaciones han llegado a un acuerdo para que en el proyecto de ley del aborto se reconozca el hecho de la objeción moral "por parte 'únicamente' de aquellos profesionales sanitarios directamente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo".
El diputado ha señalado que, pese al reconocimiento de ese derecho de los médicos a objetar, deberán hacerlo por escrito, y "no podrán cuestionar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo".
Educación sexual
El acuerdo entre IU-ERC con el PSOE también incluye un "avance en relación a temas de educación sexual y de formación en los programas universitarios de los profesionales".
"La educación sexual formará parte de la educación general de los niños y niñas, y por otra parte la formación de los profesionales incluirá la educación sexual reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo", ha informado Llamazares.
Financiación
En relación a la financiación de anticonceptivos de última generación, en estos momentos no tienen ninguna participación pública y no están contemplados en la cartera del SNS, según ha recordado el diputado de IU: "Hemos llegado al acuerdo de que figuren en la cartera del SNS con el nivel que se considere de cofinanciación, o el 40 por ciento o su totalidad". De esta forma, "por primera vez en nuestro país los anticonceptivos modernos pasan a ser financiados como cualquier otro fármaco".
El diputado de IU ha anunciado, a su vez, que se estudiará la gratuidad en colectivos concretos como grupos de escasos recursos, aunque ha precisado que "está por decidir los colectivos concretos".
En este sentido, Llamazares ha evaluado que el gasto para el SNS de la financiación de dichos anticonceptivos será de alrededor de 100 millones de euros anuales.

Partido Popular
La portavoz de Igualdad del PP en el Congreso de los Diputados, Sandra Moneo, ha asegurado que los pactos alcanzados entre el PSOE y la izquierda parlamentaria sobre la reforma de la ley de aborto "demuestran que el Gobierno quiere radicalizar aún más" el proyecto de Ley sobre Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del embarazo.
En declaraciones a Europa Press, Moneo dijo que las enmiendas pactadas "vulneran la objeción de conciencia" y recordó que la jurisdicción del Tribunal Constitucional permite objetar "a todos los profesionales sanitarios" que pudieran verse implicados en la práctica de un aborto. "El PSOE ha optado por limitar los derechos de los profesionales anteponiendo la aritmética parlamentaria", agregó.
Sobre la financiación de los métodos anticonceptivos de última generación, señaló que esta política del "gratis total" deberá ser sufragada por las comunidades autónomas y advirtió de que se van a facilitar algunos anticonceptivos "sin ningún tipo de control médico y sin información sobre las contraindicaciones que pueden tener para la salud de la mujer".
En cuanto a la enseñanza en las carreras de Medicina y Enfermería de cómo se practica un aborto, el PP señaló que esta obligación "vulnera la libertad de cátedra de los profesores". Asimismo, indicó, en relación con la educación sexual en todos los niveles educativos, que el Estado no puede imponer a los padres el tipo de educación sexual que deben recibir sus hijos.