Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Eliminar la prioridad de usar el catalán mejorará los servicios públicos, dice el abogado que demandó a la Generalitat

La anulación parcial del protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat de Cataluña, que obligaba a los trabajadores públicos a hablar catalán entre ellos y a dirigirse en este idioma a los ciudadanos, "mejorará" los servicios públicos en la Comunidad Autónoma.
Así lo ha señalado en declaraciones a Onda Cero el abogado José Domingo, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón en una sentencia que atiende la demanda que interpuso uno de los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Este médico denunció la prioridad del uso del catalán en el devenir diario de estos profesionales.
Según ha explicado el abogado, eliminar la prioridad del uso del catalán para los funcionarios públicos supondrá una "mayor garantía" para los usuarios de los servicios públicos que, a su juicio, tienen el "derecho a ser atendidos en su lengua sin causarle un perjuicio añadido".
Además, cree que es suficiente con que los funcionarios públicos hablen las dos lenguas, el castellano y el catalán, y sostiene que las "advertencias" incluidas en el protocolo difundido por la Generalitat no eran necesarias.
"EXHAUSTIVO INTERVENCIONISMO" DE LA GENERALITAT
Así, el abogado ha criticado el "exhaustivo intervencionismo" de la Generalitat a través de este protocolo que contempla esta "obligación tan absurda" y ha hecho hincapié en el "perjuicio" que, en su opinión, causaba también a los propios funcionarios, especialmente a los profesionales sanitarios: "Es una barbaridad en un contexto médico paciente", ha añadido.
Con todo, Domingo ha aplaudido la sentencia, que es firme al no haber sido recurrida por la Generalitat catalana, en la que se suprimen reglas sobre el Protocolo de usos lingüísticos, como que la lengua de comunicación entre el personal tuviera que ser la catalana también en las reuniones de trabajo.
Otra de las reglas anuladas es sobre las conversaciones telefónicas, que según el protocolo, deben iniciarse siempre en lengua catalana y, si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se mantendrá la lengua aunque se le pida que le atienda en castellano.