Empresario aceitero de Jaén, su esposa e hijo, acusados de defraudar a Hacienda en un conglomerado empresarial

En el juicio, el acusado E.F.I. ha asegurado que Hacienda le debía 130 millones de las antiguas pesetas, por lo que solicitó una "compensación" por su parte, algo en lo que según han insistido los peritos, "no era posible", si bien el acusado ha hecho hincapié en que este hecho se produjo antes de abrirse este procedimiento penal, hace más de diez años.

Por su parte, E.F.P., que fue administrador único de la refinería en 2001, ha aseverado que "firmaba lo que el padre le decía que tenía que firmar". Igualmente, M.P.J. ha indicado que en diciembre del mismo año sustituyó a su hijo en el cargo, si bien también estampaba su firma "en lo que su marido le ponía por delante, no entiendo de papeles", ha concluido, resultando de esta forma ambos colaboradores de las acciones del cabeza de familia.

De su lado, uno de los peritos ha testificado que dudó de que la maquinaria adquirida para la refinería tuviera un valor de 834 millones de pesetas, una vez que la vio, teniendo en cuenta que la misma, importada desde Italia, era "de segunda mano". Así, según pudo saber a través de la embajada española, por la maquinaria pagó el acusado un total de "30 millones de pesetas". Así, para este perito, "no tiene sentido montar una fábrica y que para ello sea necesario domiciliar otras empresas en paraísos fiscales de Reino Unido y Estados Unidos", tal y como pudo comprobar.

"En mis 40 años de carrera profesional no he visto un caso semejante, es un caso único de paraísos fiscales", ha señalado a Europa Press. Además, ha indicado que vio "una opacidad absoluta" y de ahí sus investigaciones. Además, vio la relación del acusado con "una sociedad domiciliada en Madrid que poseía", la supuesta constructora de la refinería de Mengíbar.

Asimismo, E.F.I. presentó "facturas falsas de movimientos de dinero" desde su punto de vista, pues cuando las mismas se descubrieron "no se habían pagado porque no había a quien pagar siendo una sociedad fantasma a la que remitían". De este modo, y "para disimular", utilizó la vía de pedir a Hacienda la "compensación", que realmente no se puede llevar a cabo, como ha incidido el perito.

De esta manera, para el mismo se trata de un "entramado en el que se utilizaron sociedades instrumentales que no tienen sentido para montar una fábrica", la de Mengíbar, todo ello con la finalidad de "despistar a la Hacienda Pública para llevar a cabo un fraude, y la prueba es que tasó la maquinaria en mucho más dinero del que le había costado, 30 millones de las antiguas pesetas".

"PARECÍA TODO CORRECTO"

Por otra parte, uno de los peritos declarantes ha manifestado que "los gastos deducibles no se corresponden con la realidad", aunque, en un primer momento, "parecía todo correcto, puesto que existía una refinería, una maquinaria para la misma y una empresa en Madrid que construyó la fábrica". Sin embargo, comprobó que el hijo mayor contaba entonces "con veinti pocos años" y que figuraba como responsable de la administración de la empresa, lo que le pareció ya "bastante raro".

Así, según ha continuado, realizó un estudio económico en el que vio que E.F.I. tenía una cuenta bancaria en una entidad española en Reino Unido, en la que comprobó que su hijo mayor y él poseían los poderes máximos. Dadas las circunstancias, el perito consideró que "para hacer una refinería no había que liar todo esto, no tenía sentido", con lo que cree que el mencionado acusado pretendía "despistar y vaciar de poder la empresa de la refinería".

Es más, un informe de la embajada de EEUU, lugar donde figuraba que tenía otra empresa, destaca que "no había pagado ni una tasa de impuestos anual". En este sentido, este segundo perito ha comentado que "fue horroroso seguirle la pista a sus transferencias", y es que, ha afirmado, "el mismo dinero ha estado dando vueltas de un país a otro sin quedarse en ningún sitio, quedándose con más de cien millones de Hacienda en concepto de IVA", si bien el empresario pudo dar "vueltas" con el dinero al ser todas las empresas de su titularidad.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal ha pedido para los tres acusados cuatro años de prisión por los dos presuntos delitos cometidos, el de fraude en el Impuesto del Valor Añadido (IVA), de los años 2001 y 2002, y otro de fraude en el Impuesto de Sociedades, si bien el abogado de la defensa ha pedido la libre absolución de los tres miembros de la familia, de igual manera que ha criticado que la labor de los peritos, ya que considera que "todas las operaciones están demostradas y todos los pagos también mediante transferencias bancarias".