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España propone al G-20 obligar a los bancos a informar de riesgos y salarios

El Gobierno ha remitido a Londres un documento con sus propuestas de reforma del sistema financiero ante la próxima cumbre del G-20, donde propone obligar a las entidades financieras a informar sobre sus riesgos y las retribuciones de sus altos cargos y convertir al FMI en supervisor del sistema.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha fijado su posición en un documento de diez puntos, al que ha tenido acceso EFE, en el que subraya la necesidad de "reducir la incertidumbre" en un momento en el que las empresas y los hogares recortan su gasto "mientras el desempleo crece, las previsiones de ventas se desploman y las expectativas económicas se deterioran".
A corto plazo, para reactivar el crédito, sugiere a las principales potencias del mundo y a las economías emergentes que forman el G-20 que los gobiernos compartan con los bancos el riesgo de nuevos préstamos o aseguren los suministros de seguros de crédito, prestando especial atención al crédito a la exportación.
Reclama además un "compromiso político renovado" con el libre mercado, ya que considera que uno de los mayores riesgos a corto plazo es el recurso a soluciones proteccionistas.
La primera de las diez propuestas para reformar el sistema financiero internacional busca garantizar que las autoridades públicas tienen toda la información relevante sobre las entidades bancarias y los mercados.
Apuesta así, entre otras medidas, por establecer requisitos obligatorios de información para los fondos de alto riesgo y por crear registros de transacciones en los mercados extrabursátiles, incluyendo los mercados interbancarios en los que habitualmente no hay información disponible.
La segunda propuesta es establecer un sistema de provisiones anticíclicas que sirvan a las entidades financieras para cubrir sus riesgos durante las épocas de bonanza y para evitar que, en momentos de incertidumbre como el actual, los bancos dejen de conceder crédito a prestatarios solventes.
La tercer idea parte de la base de que los activos de las entidades financieras han sido sobrevalorados en el pasado reciente, por lo que es necesario mejorar los estándares contables para suministrar información fidedigna a los inversores.
En esta misma línea, el Gobierno apuesta por garantizar el derecho de los clientes de los bancos a recibir información exacta y justa y reclama medidas "enérgicas" contra las prácticas engañosas o abusivas.
La quinta iniciativa busca establecer algún tipo de control sobre las retribuciones de los ejecutivos de la banca.
Aunque descarta fijar máximos legales, aboga por un estricto código de buenas prácticas y propone que los esquemas de retribución de los altos cargos estén sujetos a publicación individual y a la aprobación de los accionistas.
El Gobierno se muestra también preocupado por el "riesgo moral" de las ayudas concedidas a los bancos, ya que éstos podrían creer que el erario público siempre estará presto a rescatarlos.
Por ello, para restablecer "la disciplina de mercado", propone como sexta medida que las entidades financieras asuman los costes sociales derivados de su fracaso potencial.
Las dos siguientes propuestas van dirigidas a reformar el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En opinión del Gobierno, las cuotas a este organismo deberían aumentar para reforzar su papel de prestamista, con un marco más flexible, y la comunidad internacional debería aceptar su rol de supervisor y "árbitro" financiero internacional.
España, que plantea reformar la composición del Fondo para adecuar la voz de cada miembro a su peso en la economía mundial, exige además respeto para este organismo cuando ejerza su función de "alerta temprana" de los riesgos.
Las dos últimas propuestas se centran en los bancos multilaterales de desarrollo, que, según el Ejecutivo, también tendrían que ajustar su accionariado a la situación actual y deberían aumentar sus flujos netos hacia los países durante los periodos de bajo crecimiento.
Llama la atención la ausencia de referencias a los paraísos fiscales, aunque Zapatero ha abogado en público por su supresión.
Según han explicado a EFE fuentes del Ejecutivo, España lleva semanas colaborando en ese punto con el Gobierno de Gordon Brown, anfitrión de la cumbre y encargado de liderar la propuesta.