Exalto cargo de la Generalitat cree que el juez debe apartarse de las pesquisas de los hechos de Valencia

El exsecretario de Turismo de la Generalitat Valenciana Luis Lobón mantiene que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, debe apartarse de las pesquisas referidas a hechos acontecidos en Valencia, como la preparación de los eventos Valencia Summit y otros que finalmente no llegaron a celebrarse pese a los fondos públicos que por ello percibió el Instituto, por lo que ha recurrido el auto con el que el magistrado rechazó la cuestión de competencia planteada por el exalto cargo valenciano.

En su recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Lobón apunta al hecho de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma "no aduce razón alguna" por la que deban investigarse de forma conjunta los hechos producidos tanto en Palma como en Valencia, sino que "simplemente enumera algunos elementos de 'íntima conexión' entre unos y otros".

Ante esto, el abogado del exsecretario de Turismo alega que "no basta con que exista 'conexión', por muy 'íntima' que resulte", sino que en su opinión "es necesario constatar alguna de las razones que la justifiquen" por encima de la tramitación separada. "Y esto es lo que no hace el auto recurrido, que guarda absoluto silencio al respecto", asevera el imputado en su recurso, del que se ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la petición del exalto cargo.

En la resolución recurrida, el magistrado desplegaba una lista de "significativas coincidencias", que hasta "podría resultar tediosa", entre los negocios urdidos por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, tanto en Valencia como en Baleares, en la que se amparaba para desestimar la petición de Lobón, a la que se opusieron además Fiscalía y Abogacía balear.

Más en concreto, Castro alegaba cómo tanto en Valencia como en Baleares el marido de la Infanta Cristina utiliza su pertenencia a la Familia Real para lograr contratos y cómo, tanto en uno como en otro sitio, "se desprecia" la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En esta misma línea, el juez apuntaba a las coincidencias "en lo elevado de los importes de las adjudicaciones" así como "en lo ridículo de los presupuestos que se aportan", además de que "todos ellos fueron impuestos" por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres al frente de Nóos. Es más, aseveraba que "en todos los casos fueron aceptados sin discusión por los responsables políticos" de ambas Comunidades Autónomas.

"En ninguno de los casos los responsables políticos se preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que consiguieron los organizadores [en referencia al Instituto Nóos] y en aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de los pagos", incidía el instructor de este complejo procedimiento judicial.

Del mismo modo, el juez Castro subrayaba que también en ambos casos se documentaron las adjudicaciones bajo fórmulas de convenios de colaboración "para excluir constreñimientos administrativos y participaciones de terceros que pudieran estar interesados en su adjudicación", toda vez que, ahondando en los propios convenios firmados, precisaba que tanto los de los eventos del Valencia Summit como los del Illes Balears Forum "son prácticamente calcados unos de otros".

EL JUEZ NIEGA UN "IMPERIALISTA AFÁN INSTRUCTOR"

Por todo ello, el juez argumenta que la extensión de las pesquisas a los eventos de Valencia "no fue fruto de un imperialista afán instructor de este Juzgado" sino que, de hecho, apenas iniciada la instrucción de la causa el propio Torres aportó facturas que correspondían al Valencia Summit, lo que determinó extender a éstos las investigaciones por ser "fácilmente deducible que las mismas facturas podrían ser utilizadas para justificar gastos tanto de los eventos de Valencia como de Baleares, como así apuntan las pesquisas.

El juez afirmaba en el mismo auto cómo el Duque de Palma usó su "parentesco" con la Casa Real y aprovechó esta "área de influencia" para acudir a "altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables" y obtener así adjudicaciones y contratos de las Administraciones públicas.