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Exalto cargo Junta andaluza: se descertificaron 46,9 millones destinados a formación ante "desconfianza" de la UE

La interventora adjunta a la Intervención General del área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones, María Teresa Arrieta Viñals, ha revelado este lunes que entre 2007 y 2013 se descertificaron entorno a 46,9 millones de euros del programa operativo de Fondo Social, a propuesta de la Dirección General de Fondos Europeos, que estaban destinados a la formación profesional, ante la "desconfianza" que en la Comisión Europea podía generar que aparecieran en prensa y estuvieran siendo investigados en los juzgados el presunto fraude de la formación en Andalucía.
Así lo ha puesto de manifiesto Arrieta Viñals durante su comparecencia ante la comisión de investigación que se ha creado en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación, a la que ya han acudido los ocho interventores provinciales y el exinterventor general de la Junta Adolfo García Fernández.
De esta manera, ha explicado que a cuenta de esta descalificación de los fondos, se procedió a una reprogramación de los mismos de manera que fueron reorganizados para destinarse a formación reglada en lugar de a formación profesional.
Arrieta Viñals también ha señalado que en 2014 la Comisión Europea decidió suspender los pagos del Fondo Social Europeo a Andalucía, si bien ha explicado que ya se está tramitando en Europa el levantamiento de esta medida, que confía que sea en 2016, y no ha concretado a qué cuantía económica afecta esta decisión.
Sobre este extremo, ha explicado que la suspensión de los pagos fue consecuencia de los informes de auditoría que se han realizado desde la Intervención de la Junta y su informe anual, y porque la Comisión Europea "no quería mantener unos fondos que pudieran ser irregulares pero que hay que revisar", y no como consecuencia "del cúmulo de irregularidades y la falta de voluntad de quitarlas" como le ha planteado la diputada del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero.
Precisamente, con esta diputada ha sido tenso el turno de preguntas cuando se ha referido a las declaraciones que Arrieta Viñals habría realizado ante la UCO y que han sido desmentidas por la compareciente, que defiende que no ha detectado menoscabo de fondos públicos, por lo que Ruiz-Sillero le ha acusado de "desdecirse" de lo dicho ante la Guardia Civil.
"No me desdigo de mis declaraciones y si piensa eso, no atienda a mis respuestas porque va a desconfiar de lo que voy a decir", le ha contestado la interventora a la popular, quien ha manifestado que la comisión está "para conocer la verdad".
"NO TODA DEFICIENCIA ES IRREGULARIDAD"
Arrieta Viñals ha explicado que las irregularidades detectadas por su departamento son por falta de justificación o de documentación aunque ha querido dejar claro que "no toda deficiencia es irregularidad" porque algo no será irregular "hasta que se hagan todas las comprobaciones y se tengan evidencias".
Asimismo, ha manifestado que la función de su departamento está centrada en una fiscalización 'ex post' de las subvenciones que han sido certificadas y que el órgano gestor es el "primer responsable" en el control de la concesión de las subvenciones, sean o no de origen europeo. La interventora adjunta ha señalado que, aunque estas subvenciones son sometidas a unos cinco niveles de control, "no todos tienen el mismo alcance aunque puedan ser coincidentes".
Ha considerado que "a la hora de hablar de fraude hay que ser riguroso" porque "en los controles a la formación puede haber deficiencias en la documentación que tiene el órgano gestor, pero si vamos al beneficiario, la realidad puede ser diferente a los papeles del expediente". De esta manera, ha incidido en que "las irregularidades que hemos encontrado han sido en materia de justificación pero la mayoría de los procesos de reintegro solicitados son parciales, así que no me atrevería a hablar de fraude".
Así, ha concretado que de 481 subvenciones auditadas sobre un total de 277 millones, se ha propuesto desde su departamento un reintegro por valor de cerca de 5,9 millones de euros, de las que "el 88 por ciento de esas propuestas de reintegro se han llevado a término: o se han reintegrado, o han pasado a vía ejecutiva", si bien ha apuntado que la Intervención General "no ha auditado el cien por cien de las ayudas a la formación", sino una muestra.
PSOE-A: "EL PP-A PRESIONA DE MANERA INTOLERABLE"
El representante del PSOE-A en este órgano parlamentario, Rodrigo Sánchez Haro, ha tildado de "intolerable" las "presiones" que, a su juicio, hace el PP-A sobre los comparecientes, a lo que Ruiz-Sillero le ha pedido que "se relaje" y que "defienda los intereses de los andaluces y no de los comparecientes", algo que el socialista asegura que ya hace.
"Es intolerable que se ponga en su boca palabras que no ha dicho y que se presione con declaraciones inventadas de los juzgados y la UCO", ha censurado el socialista, quien ha incidido en que la comisión busca conocer la verdad "no la apariencia de la verdad, como quieren conocer algunos grupos". No obstante, ha agradecido a la compareciente la "claridad" con la que ha intervenido.
Por Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe ha preguntado a Arrieta Viñals si se hubiera detectado antes el fraude si se hubieran tomado más medidas de transparencia como publicar las subvenciones por 'open data', a lo que la interventora adjunta ha contestado que las subvenciones ya se publica y que las situaciones de irregularidades no se aprecian en esa información.
En el turno de la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet, cuando iba a preguntarle a la compareciente sobre una parte de la declaración que prestó a la UCO, el diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro ha pedido la palabra para reclamar "respeto" para proteger a los comparecientes, mientras Bosquet le ha criticado que "al PSOE-A le saltan las alarmas cuando se habla de la UCO" y le ha recomendado "tranquilizarse".
Sobre el personal que cuenta en su departamento, a preguntas de la representante de IULV-CA en la comisión de investigación, Elena Cortés, Arrieta Viñals ha considerado que son unos medios que "se podrían mejorar", mientras que se ha interesado por conocer quién tiene la responsabilidad de dar a conocer cuánto dinero se ha entregado a subvenciones para la formación. "El interventor general me dijo que le preguntara a usted, y usted me dice que le pregunte al SAE, que me dirá que no sabe y que le pregunte al maestro armero", ha lamentado.