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Exalto cargo valenciano ve llamativo que de los 1,6 de la venta de inmuebles solo llegaran 43.000 euros a Nicaragua

Dice que fue a Panamá para cerrar un proyecto pagado por Naciones Unidas
El exjefe del área de Cooperación de la extinta Consejería de Solidaridad de la Generalitat valenciana, Marc Llinares, ha admitido en su declaración como acusado en la primera pieza del 'caso Cooperación' que era "llamativo" el "tema de los locales y el tema de la cuantía a Nicaragua" --en relación con los cuatro inmuebles que adquirió la Fundación Cyes con los 1,6 millones de euros que recibió de la Consejería de Solidaridad para dos proyectos en Nicaragua, cantidad de la que solo llegaron 43.000 euros a su destino--, pero ha defendido que los técnicos lo aprobaron en sus diferentes fases y que constaba en el expediente inicial.
Llinares, para quien Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión y 18 de inhabilitación para empleo o cargo público, ha sido el primer acusado en declarar esta semana por el 'caso Cooperación', día en el que también está citada la ex secretaria general de administración de la consejería, Tina Sanjuán. La pasada semana lo hicieron el exconsejero y diputado No Adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, y el empresario y presunto cabecilla de la trama Augusto César Tauroni.
Llinares tan solo ha querido responder a las preguntas formuladas por las defensas de los nueve acusados, algo similar a lo que ya hizo en su declaración en fase de instrucción, cuando únicamente respondió a su abogado. En ese momento defendió la legalidad de las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes y negó cualquier irregularidad, tal y como también ha mantenido este martes.
El acusado, quien estuvo en la Consejería de Solidaridad desde noviembre de 2008 hasta octubre de 2011, se ha desvinculado de cualquier toma de decisión en la adjudicación de las ayudas a la Fundación Cyes, y respecto los expedientes ha asegurado que los examinó pero desde "un punto de vista general, no con detalle", ha dicho.
Asimismo, respecto a estos expedientes, ha indicado que considera que se estaba cumpliendo con la finalidad de la subvención, puesto que se concretaba desde el inicio que la ayuda se iba a destinar a la compra de inmuebles y otra pequeña cantidad a Nicaragua. Y todo ello, ha dicho, pasó por los técnicos, quienes dieron en su momento el visto bueno.
La "discrepancia" llegó -ha añadido-- cuando la jefa de servicio, Amparo Ortiz, dijo que lo concedido era "inadmisible", pero a su juicio, la Fundación Cyes "cumplió con su finalidad". Así, ha defendido que la única "irregularidad" fue que el decreto que estaba en vigor en ese momento decía que en cualquier caso, los bienes tenían que estar adscritos a los beneficiarios durante un plazo mínimo de 15 años.
"EN MI LÓGICA DE INGENIERO"
"En mi lógica de ingeniero entiendo que una subvención se otorga para un objeto y por una cuantía. Cuando llega el informe final, hito importante en el proceso del proyecto, llega la explicación documental exhaustiva, y en ese momento sabemos si el objeto de la subvención se ha cumplido y si los gastos corresponden a los que se dieron en inicio. Pueden haber ligeras variaciones, y ya está", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que "si que es verdad que los hechos más llamativos era el tema de los locales y el tema de la cuantía a nicaragua, pero era lo que decía el expediente".
Llinares, quien ha pasado por distintos departamentos en los que ha estado como conseller Rafael Blasco, ha insistido en que entonces surgía una "discrepancia" que resolver: "pensaba que podíamos exigir la devolución o el reintegro completo de la ayuda, pero por otro lado había un órgano de valoración que había concedido la subvención" en esos términos. Ante este dilema, como él no tenía "ninguna capacidad ni intención de resolverlo", acude a la Subsecretaría para que diera una alternativa.
Al final, se decidió solicitar parte del reintegro de la ayuda por no poder justificar toda la ayuda concedida, pero ha indicado que él no participó en esta decisión, sino que fue un escrito "firmado por la jefa de servicio". "Yo puedo ser informado de que se va a remitir y puedo dar mi conformidad a que se emita", ha agregado.
En general, ha insistido en la función de los técnicos: "la tramitación de los expedientes corresponde siempre al personal técnico, y dentro hay fases: la inicial, la de seguimiento -en la que los técnicos se distribuyen los proyectos de los que son responsables--, y la fase de finalización o cierre". Esta última correspondía "fundamentalmente", según ha dicho, al técnico Francine Codina.
NIEGA AMISTAD CON BLASCO
Llinares ha negado asimismo a lo largo de su declaración haber tenido una relación de amistad o personal con Blasco, así como que recibiera alguna instrucción para intervenir en algún expediente ante alguna posible irregularidad. "Con el conseller, sobre expedientes, no tuve ninguna relación ni contacto", ha aseverado.
Asimismo, ha afirmado nunca ha comido con Blasco en ningún restaurante, y sobre la posible relación entre Blasco y Tauroni ha dicho: "yo conozco a Tauroni cuando llego a Sanidad en 2007, tengo un par de encuentros con Blasco en el periodo en Sanidad, y en esos momentos no tengo conocimiento de que haya una relación entre ellos", ha afirmado.
Llinares también ha asegurado que no había "ninguna consigna" para favorecer al entorno de Tauroni --único acusado en prisión por este procedimiento-- y ha negado que fuera socio de Arcmed, una de las empresas del presunto cabecilla de la trama. "Nunca jamás he tenido ninguna relación con Arcmed y nunca he sido socio de Arcmed", ha agregado
VIAJE A PANAMÁ Y MIAMI
Otra parte de la declaración se ha centrado en un viaje que realizó Llinares a Panamá y a Miami. Preguntado por este asunto, ha explicado que es un viaje con un "triple objetivo", y ha aclarado que es una de las dos "únicas ocasiones" que tuvo para salir al extranjero, porque "estaban vetadas por el Gobierno para todos los funcionarios", algo que ha calificado de "incomprensible" para la cooperación internacional.
Ha señalado que el viaje a Panamá lo pagó Naciones Unidas -salvó el gasto en algunas estancias que asumió personalmente-- y el objetivo era el cierre de un proyecto en el que la Generalitat había participado conjuntamente. Justifica el viaje en creer que era un "error" que la Generalitat, como socio, no estuviera en el acto de clausura del proyecto: "le solicité a mi director general que me permitiera asistir en representación de la Generalitat para darle forma a ese proyecto".
El segundo objetivo de su viaje fue Miami, donde acudió en relación con unas manifestaciones que hizo el exdiputado solicialista Ángel Luna en las Corts sobre un comentario de una empresa que era una inmobiliaria. "Visité a Miami para hablar con un responsable de la empresa", ha dicho.