Exdirectora de la Generalitat valenciana declara este miércoles como imputada por el Centro de Convenciones de Calatrava

La comparecencia se producirá a las 12.00 horas después de que el juez instructor tuviera que suspender por segunda vez la declaración, prevista el pasado 30 de octubre, al no haber sido localizada la imputada porque las citaciones dieron negativas. El juzgado ofició entonces a la Policía Nacional y la Guardia Civil para que averiguasen su domicilio y paradero.

Morató debía declarar en un principio el pasado 24 de octubre en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, aunque la comparecencia quedó suspendida y se señaló de nuevo para el día 30, una cita que volvió a quedar aplazada. La exdirectora de Grandes Proyectos tendrá que declarar en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de la capital de La Plana.

Por esa infraestructura, que no se llegó a realizar por la crisis económica, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava recibió 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro.

En este caso, el ex director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Nicolás Figueres declaró que el Consell pagó a Calatrava por el Centro de Convenciones ante la amenaza del ingeniero de adoptar acciones judiciales en el caso de que no se abonara el pago.

Nicolás Figueres explicó que, como Calatrava envió un "requerimiento notarial" amenazando con tomar acciones judiciales, tanto él como la entonces directora general de Grandes Proyectos, Cristina Morató, decidieron hacer el pago "con la condición de que se ajustara al presupuesto".

A EUPV LE GUSTARÍA QUE LA GENERALITAT SE HUBIERA PERSONADO

Por otra parte, el candidato de EUPV a la Presidencia de la Generalitat, Ignacio Blanco, formación que ejerce la acusación popular en este caso, ha señalado este lunes en rueda de prensa que le hubiera gustado que la Generalitat estuviera personada como acusación particular en este caso, y ha anunciado que si EU gobierna, pondrá sus servicios jurídicos "para perseguir a los corruptos y no para protegerlos ni para defenderlos".

"Es importante que la Generalitat Valenciana ponga todos los medios a su alcance para llevar a los responsables de malversar fondos públicos, de prevaricar, de ser sobornados o sobornar ante la Justicia", ha señalado Blanco, quien ha explicado que, en ese sentido, EUPV incluye en su programa que se persone como acusación "siempre que haya un quebranto para los intereses generales".

En el caso del Centro de Convenciones de Castellón, ha explicado que se pagó 2,7 millones de euros a Calatrava "seguramente de manera indebida, puesto que la propia empresa pública Sociedad Proyecto Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) dijo que no había cumplido el contrato, y resulta que es EU la que se persona como acusación popular". Al respecto se ha preguntado si la Generalitat "está defendiendo a Calatrava en vez de velar por los intereses generales".