Expresidenta del Parlamento balear niega haber cobrado soborno alguno por la adjudicación de terrenos de 'Can Domenge'

La expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha negado haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos palmesanos de Can Domenge, supuesto pago del que asegura que fue "completamente ajena" y por el que la Fiscalía Anticorrupción le reclama cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa por un presunto delito de cohecho pasivo.

En el escrito de defensa que ha presentado en el marco de estas pesquisas, al que ha tenido acceso Europa Press, la exdirigente histórica de la extinta Unió Mallorquina (UM) solicita su libre absolución por cuanto, subraya su abogado, "ignoró" que otros dos exaltos cargos del Consell, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, exigieran una dádiva de cuatro millones de euros a la promotora Sacresa a cambio de la concesión de los solares.

Munar, en prisión desde el 24 de julio de 2013, es la única de los acusados de esta causa que no ha admitido su intervención en el pago del soborno y, en su día, se negó a declarar cuando fue citada durante la instrucción del caso.

Tal y como asegura en el escrito su letrado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, la acusación del Ministerio Público se fundamenta únicamente en la declaración efectuada por el resto de inculpados, "sin corroboración objetiva externa, y que fue prestada a cambio de obtener un beneficio procesal".

De hecho, la Fiscalía pide sobre todos ellos que se les aplique la atenuante de confesión, además de las de reparación del daño y colaboración de la justicia.

Tanto la Fiscalía como el Consell de Mallorca, que ejerce la acción particular, dirigen también sus acusaciones contra Nadal, exvicepresidente insular -para quien el Ministerio Público reclama un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros-; Vicens, exconseller de Territorio -un año y medio de prisión y una multa de dos millones-; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs -pago de 8.100 euros en multas-, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja -63.750 euros en multas-.

La defensa de Munar asevera que la confesión de sus propios hechos por parte de estos procesados no conlleva que ello "produzca eficacia probatoria alguna" sobre ella, y señala que "la única persona que tuvo relación con el Grupo Sanahúja fue Miquel Nadal y, según el reconocimiento de los hechos por los coacusados, la exigencia de la dádiva la estableció de acuerdo con Vicens".

Es más, recuerda que el propio Nadal manifestó en el juicio celebrado en 2013 por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, que Munar "no tuvo participación alguna en el traslado de información sobre el concurso" y que, cuando se le propuso al exvicepresidente facilitar estos datos, lo hizo "sin el conocimiento de la señora Munar".

LA EXPRESIDENTA "NO TUVO RELACIÓN ALGUNA CON ESTOS HECHOS"

"Mi representada no tuvo relación alguna con estos hechos, no se concertó con los señores Nadal ni Vicens para exigir a Sacresa cantidad alguna con ocasión de la adjudicación administrativa del concurso", incide el abogado.

De este modo rebate las acusaciones vertidas por la Fiscalía en su escrito de calificación, en el que sostiene cómo Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para poder tener garantizada la adjudicación del concurso.

Más en concreto, según la acusación, los tres altos cargos, quienes además integraban entonces la cúpula de UM, reclamaron que la empresa les pagara dos millones de euros antes de la adjudicación y otros dos millones antes de la firma definitiva del contrato. Sanahúja, como responsable de Sacresa, "cedió a las exigencias" para poder hacerse con el expediente y realizó las gestiones oportunas para que la cantidad fuese entregada.

Tal y como relata el fiscal, el dinero fue transportado en una bolsa y en las dos entregas fue recogido por Miquel Llinàs, amigo personal de Vicens. Posteriormente, Llinàs se lo dio a éste, quien lo repartía entre Nadal, Munar y él mismo. Una parte de los cuatro millones de euros, según el escrito, fueron utilizados en beneficio de UM.

LA CONFESIÓN DE VICENS LLEVÓ A LA FISCALÍA A DENUNCIAR

Cabe recordar que fue el propio Vicens quien confesó que tanto Munar como Nadal, él mismo y la propia UM percibieron esta cantidad por la venta irregular de los solares.

El exconseller entregó asimismo ante la Audiencia Provincial de Baleares hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.

A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, se sumó la d el propietario de Sacresa, quien reconoció que pagó el soborno a cambio de que se empresa resultase beneficiaria. Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal.

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY

La defensa de Munar denuncia en esta línea una vulneración del derecho al juez predeterminado por la Ley, al aseverar que los escritos de confesión formaron parte del sumario de origen -sobre la adjudicación de los terrenos-, y en el que el asunto relativo al cohecho fue archivado mediante un auto ya firme.

Pese a ello, recrimina el abogado, la Fiscalía, "como si de un hecho nuevo se tratase", solicitó la apertura de nuevas diligencias centradas en este hecho, lo que fue acordado por un Juzgado distinto al que instruyó las pesquisas sobre la concesión de los solares.

A juicio del letrado, debe prevalecer el auto firme de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 12, incidiendo en que el Juzgado de Instrucción número 8 -que incoó las pesquisas sobre el presunto cohecho- "mantuvo una competencia que no le correspondía", habiéndose debido inhibir a favor del primer Juzgado.