Exviceconsejero andaluz imputado por dos delitos se niega a declarar después de que la juez Alaya le recrimine "teatro"

La comparecencia de Lozano ha estado marcada por la "tensión" y por distintos "rifirrafes" del imputado y su abogado con la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien de entrada ha rechazado las peticiones realizadas por el letrado para que la comparecencia se suspendiera hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla no resuelva su recurso contra el auto de imputación y para que la declaración fuese grabada, pues la juez ha considerado que "la grabación aumentaría la expectación mediática que existe sobre el asunto al poder disponer los medios de comunicación" de la misma.

Asimismo, y una vez rechazada la suspensión, el imputado le pidió a la juez poder dictar sus respuestas, a lo que la instructora accedió finalmente, comenzando un interrogatorio marcado por los incidentes, como por ejemplo cuando la magistrada "llamó al orden" al letrado de Lozano, José María Mohedano, "porque le estaba tocando la chaqueta" al encausado, pidiéndole que dejara de interrumpir los interrogatorios y que "juegue limpio", así como que se separara "algo más" de su defendido, lo que motivó la protesta del abogado.

En otro momento de la comparecencia, el letrado del exalto cargo hizo constar su protesta porque la juez hace "reconvenciones sistemáticamente al declarante con coloquios y diálogos, interrumpiéndole sus declaraciones hasta el punto de que el propio" imputado dijo en la última pregunta que lo transcrito "no lo había dicho él" y que la juez "está dictando la contestación a algo que él no ha dicho". "Por eso y por ninguna otra razón es por lo que ha pedido la grabación, para que se puedan comprobar esas cosas", llegó a manifestar el abogado.

De igual modo, el letrado quiso hacer constar que la juez la había dicho a su cliente que "estaba haciendo teatro", a lo que accedió la magistrada, admitiendo que había dicho "que estaba haciendo teatro pero que estaba en su derecho a hacerlo", momento en el que el imputado ha anunciado que, "con el debido respeto, y por entender que no se están respetando sus garantías", se acogía a su derecho constitucional a no declarar.

LA IMPUTACIÓN

La magistrada ha imputado a Lozano, que fue director general de Presupuestos desde abril de 2002 hasta abril de 2009, haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros, la inclusión" del sistema de las transferencias de financiación al IFA, cuando éstas "sólo podían destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la agencia o a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores", todo lo cual "significaba presuntamente permitir el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y la normativa concordante, como la Ley General de Hacienda Pública".

La juez, que también le atribuye haber tramitado 12 modificaciones presupuestarias entre 2002 y 2009 por valor de 57 millones de euros, ha señalado que "la inclusión de esta partida inadecuada en el presupuesto conllevaba la elusión de la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta, evitando el control de legalidad que la misma significaba". "Que el uso inadecuado de dicha partida presupuestaria generaba tales consecuencias era indiciariamente conocido por el inculpado", ha dicho la juez.

Al hilo, la instructora ha concluido que "parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación".

TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

En su declaración, Lozano, que ha asegurado que "la persona que lo llamó" para ocupar el cargo fue la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, ha explicado que la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento para 2002 "preveía dentro de los instrumentos de financiación de los entes públicos las transferencias de financiación", negando así que la Dirección General de Presupuestos tuviera competencias "en la decisión sobre estas partidas".

El imputado ha reconocido que las transferencias de financiación no pueden destinarse a financiar subvenciones investigadas, aunque ha insistido en que era el Parlamento el que lo aprobaba.

Al finalizar la declaración se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía han pedido medida alguna, mientras que las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias han pedido a la juez que imponga al imputado una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros --correspondientes a las modificaciones presupuestarias que tramitó--, más el tercio legal previsto, en total 76 millones.

"LO QUE SE HACE EN ESTE JUZGADO ES INCORRECTO"

Una vez concluida la comparecencia, el abogado del imputado ha señalado en declaraciones a los periodistas que "lo que se hace en este juzgado es incorrecto" y ha criticado que la juez ha rechazado grabar la declaración "para que no se vea lo que pasa en los interrogatorios".