La jueza del caso F1 pregunta quién debe instruir la causa tras la pérdida de aforamiento de Camps

Ahora será la Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano la que decida sobre la competencia de este procedimiento --que se sigue contra Camps, la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar-- que queda sin aforados tras la disolución de las Corts.

El pasado mes de diciembre de 2014, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en el TSJCV contra Camps --en ese momento diputado en las Corts (PP)--, Johnson y Aspar por presuntos delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos y societario.

El tribunal se declaró en febrero competente para investigar los hechos, inició las diligencias previas y designó a una instructora. Sin embargo, el pasado 31 de marzo, se decretó la disolución de las Corts y se produjo la pérdida de la condición de diputado de Camps por no figurar entre los miembros de la Diputación Permanente del órgano legislativo.

Este hecho, según la instructora, conlleva la pérdida de su aforamiento ante el TSJCV, por lo que siendo Camps el único que ostentaba esta condición, eleva la causa al tribunal valenciano para que se pronuncie sobre la eventual pérdida de competencia del magistrado para seguir con el procedimiento.

La querella de Fiscalía por este asunto se centra en cuatro aspectos fundamentales: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".