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La FEMP subraya que el TC le da la razón al mantener las políticas sociales en manos de los ayuntamientos

Abel Caballero, que encabezó el recurso casi 3.000 municipios contra la reforma local, cree que el TC avala su defensa del municipalismo
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha subrayado que el Tribunal Constitucional, tras anular algunos preceptos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)--conocida como reforma local--, ha dado la razón a la institución local al mantener las competencias en materia de política social en manos de los ayuntamientos.
Así lo ha manifestado el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, quien ha pedido en diversas ocasiones la derogación de esta norma alegando, entre otras cosas, que su implantación supondría la pérdida de esas competencias para los consistorios.
Tras conocer la sentencia este martes, Caballero ha valorado positivamente su contenido ya que, en su opinión, avala la defensa del municipalismo y las reivindicaciones formuladas desde la institución local, cuyos servicios jurídicos están analizando en profundidad el fallo judicial.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales algunos preceptos de la norma al entender que invaden competencias de las comunidades autónomas. La decisión se ha tomado después de que el Alto tribunal admitiera, parcialmente, un recurso de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura.
RECURSOS DE 3.000 AYUNTAMIENTOS
Pero también cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España han interpuesto recursos contra la reforma local que también han sido admitidos a trámite y están a la espera de sentencia. Encabezados por Abel Caballero, los representantes municipales acudieron al tribunal de garantías porque la norma "atenta contra los derechos de los ciudadanos y la autonomía local".
La sentencia hecha pública este martes declara inconstitucional la disposición que prevé la supresión de entidades locales menores cuando no presten sus cuentas a la comunidad autónoma o el Estado. Y es que, los jueces sostienen que debe ser la comunidad autónoma la que acuerde la disolución.
También ve inconstitucional la atribución de servicios de asistencia social y atención primaria a la salud a los entes locales. Según el Tribunal Constitucional, estos servicios públicos son competencia de las autonomías.
Asimismo, queda impugnado el sistema de compensación financiera "triangular" según el cual el Estado, sin ser acreedor, puede aplicar retenciones a las comunidades autónomas cuando éstas incumplen sus obligaciones de pago frente a los entes locales. Además, según el TC, este asunto debía regularse mediante ley orgánica.
MÚLTIPLES RECURSOS CONTRA LA LEY
La reforma local, impulsada y aprobada por el PP, también fue recurrida por los gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña y Canarias, por el Consejo de Gobierno de Asturias, y por los parlamentos de Cataluña, Andalucía y Navarra.
También recurrieron esta ley ante el TC varios grupos de la oposición parlamentaria excepto el PNV --que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales--, CiU --que presentó recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán-- y varias formaciones del Grupo Mixto.