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Fernández Díaz dice que su Ley de Seguridad Ciudadana valorará la capacidad económica del infractor al sancionar

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido este jueves la nueva Ley de Seguridad Ciudadana elaborada por su Departamento en el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados donde ha anunciado que a la hora de imponer sanciones económicas se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor. El texto cuenta con la oposición de todos los grupos parlamentarios del Congreso que han presentado hasta nueve enmiendas a la totalidad.
Fernández Díaz se ha detenido en el capítulo de las sanciones para decir la ley "limita la discrecionalidad de la Administración" y ha glosado lo que ha calificado como "novedades garantistas". En ese sentido, ha dicho que "dentro de las sanciones graves y muy graves, se dividirán en tres tramos (mínimo, medio y máximo) algo que no existe en la actualidad". "Dentro de cada grado, se individualizará la sanción a través de unos criterios recogidos en la Ley entre los cuales se incorpora la capacidad económica del infractor", ha añadido.
El político catalán se ha hecho eco de "otro asunto que ha tenido mucha repercusión" y que hace referencia a las manifestaciones no comunicadas que, según ha dicho, pasan de ser sancionadas como una falta grave a leve. Y las manifestaciones que sin ser comunicadas o prohibidas se realicen delante edificios como el Congreso o el Senado serán calificadas como graves aquellas que sin ser comunidades "además ocasionen perturbaciones graves de la Seguridad Ciudadana".
"Es un texto con mayor calidad jurídica", "tiene un perfecto encaje en la Constitución", "no se trata de sancionar más sino con mayores garantías",, "acaba con las redadas indiscriminadas", "pretende ser la ley de los derechos que unos ejercen, respetando la libertad de todos", "se mantienen las mismas cuantías en las sanciones que hace 23 años".... estos han sido algunos de los argumentos que ha esgrimido el ministro del Interior durante sus cerca de 30 minutos de intervención.
También ha defendido que la disolución de las reuniones y manifestaciones será al el último recurso de la actuación policial, que "por primera vez se reconoce la exención de responsabilidades a menores de 14 años o que de doce infracciones calificadas como muy graves en la actual ley vigente de 1992 se pasa a cuatro. Además hay 26 conductas calificadas como graves y 17 como leves.
Mientras que todos los grupos de la oposición argumentan que los órganos consultivos han criticado el proyecto, el ministro defiende que lo que han hecho ha sido "enriquecerlo" y afirma que se han tenido en cuenta el dictamen de órganos como el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo fiscal, el Defensor del Pueblo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) así como entidades y asociaciones de especial sensibilidad en esta materia.
"El proyecto incorpora todas las observaciones esenciales realizadas por estos organismo y muchas que no son esenciales", ha destacado el ministro.