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Fernández Díaz cree que sería el TC quien debería dirimir si Rajoy debe acudir al Congreso antes del Consejo Europeo

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que sería el Tribunal Constitucional quien debería dirimir si, como exigen varios grupos parlamentarios, el presidente del Gobierno debe acudir al Congreso de los Diputados a explicar los acuerdos alcanzados en las últimas cumbres europeas antes de asistir el Consejo Europeo de la próxima semana, donde se discutirá sobre el preacuerdo alcanzado con Turquía en materia de refugio y asilo de personas.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, consideró ayer "insólito" que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no acuda a la Cámara para informar de la posición que España defenderá en ese Consejo Europeo de la próxima semana.
Fernández Díaz ha recordado que "es una situación que no tiene precedentes". "Nunca nos habíamos enfrentado a una situación postelectoral como esta. Estamos innovando", ha reconocido en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, donde se le ha preguntado por la posibilidad de que sea necesario acudir a un juzgado.
"No estaríamos hablando de un Juzgado, estaríamos hablando en todo caso de un conflicto de jurisdicción entre dos poderes del Estado, que sería el Ejecutivo el Gobierno y el legislativo si el poder legislativo considerara que hay fundadas razones para exigir que el presidente compareciera y en su caso tuviera su aprobación para poder acudir a ese Consejo Europeo. Estaríamos ante un conflicto que debería dirimir el Tribunal Constitucional", ha declarado.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, explicó ayer que el Ejecutivo del PP cesó tras las elecciones generales del 20 de diciembre y, por tanto, el nuevo Parlamento no le ha otorgado la confianza, razón que ha esgrimido para no someterse al control de las Cortes Generales.
Un escrito de la Secretaría de Estado que dirige Ayllón, además de los argumentos para rechazar ser controlados por el Legislativo, establece que si los grupos parlamentarios no estuvieran de acuerdo con la posición del Ejecutivo pueden optar ir por la vía jurisdiccional para dirimir cualquier asunto. En concreto, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.