Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Fiscal pide la imputación de la cúpula militar de 2003 por 62 homicidios

Burgos excluye de responsabilidad al ex ministro de Defensa, Federico Trillo pero pide la imputación del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, y del jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreña. Señala a ambos como responsables de las "competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales" y de la contratación del Yakovlev-42.

Los otros tres mandos militares cuya actuación acarrea responsabilidad penal, según el fiscal, son el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato; el coronel jefe de la Sección de Logística de EMACON y el comandante de esta sección.

El delito de homicidio por imprudencia está castigado con penas de cárcel de entre uno y cuatro años. Burgos se pronuncia en su escrito sobre la petición de imputación de 20 mandos militares y responsables de la intermediaria Chapman Freeborn, imputación solicitada por un grupo de familiares de las víctimas.

"Incontrolada cadena de subcontratas"
En este escrito, el fiscal aseguria que si los mandos militares imputados "hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales para garantizar la seguridad de las tropas bajo su mando, el vuelo en cuestión nunca se hubiera llevado a cabo, y en consecuencia, el siniestro nunca se hubiera producido".

"Las deficientes (y hasta lamentables) condiciones de seguridad del vuelo y el alto riesgo que la realización de ese transporte suponía para las tropas españolas eran conocidos por los responsables militares del Ministerio de Defensa", asegura el teniente fiscal, quien sostiene esta afirmación a partir de los informes periciales que han sido incorporados al procedimiento.

En las ocho páginas del informe, el representante del Ministerio Público también pone de manifiesto "la incontrolada cadena de subcontratas" que se desarrolló desde que el Ministerio de Defensa adjudicó el transporte de las tropas a Namsa hasta que se contrató el Yak-42 a la compañía ucraniana UM-Air. Este factor provocó que "el 75% del dinero previsto para el vuelo no fue utilizado para esta finalidad". MLS