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Fiscalía y Abogacía del Estado piden investigar responsabilidades contables y penales del Gobierno de Fernández Vara

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha indicado en el Congreso que la Abogacía del Estado y la Fiscalía han solicitado investigar la gestión del Gobierno de Guillermo Fernández Vara (PSOE) en la Junta de Extremadura por las posibles responsabilidades contables y penales que se pudiesen derivar de la misma como consecuencia de una serie de irregularidades.
Durante su comparecencia de este lunes en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y al referirse al Informe Anual de fiscalización de Extremadura para los ejercicios 2010 y 2011 --presentado el pasado 27 de febrero--, Álvarez de Miranda ha afirmado que, si bien el servicio jurídico del Estado y la Fiscalía han formulado una petición en ese sentido, aún no se ha iniciado ninguna actuación porque todavía no se han enviado los testimonios correspondientes.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha precisado que la responsabilidad contable está relacionada con "supuestos de prescripciones en impuestos sobre sucesiones y donaciones", entre otras cuestiones.
En cuanto al ámbito penal, se han pedido testimonios sobre la adjudicación de contratos y licitación mediante el procedimiento negociado sin publicidad y sin justificación, el fraccionamiento de contratos y otras deficiencias en expedientes de contratación; la selección de personal y la concesión de ayudas incumpliendo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad; y, en el caso de la Fundación Jóvenes y Deporte, las ayudas a una federación deportiva siendo el director de la fundación presidente de la entidad beneficiaria.
PP CRITICA EL "DESCONTROL" Y LA "FALTA DE TRANSPARENCIA"
Así ha respondido Álvarez de Miranda a la diputada María Teresa Angulo, que le ha preguntado si se pueden exigir responsabilidades al Gobierno autonómico del PSOE por una "dejación de funciones" que se tradujo en "falta de transparencia" y "descontrol del dinero público".
Por su parte, la diputada socialista Leire Iglesias ha pedido que no se convirtiese la comparecencia en un "aquelarre" para juzgar la gestión de los gobiernos anteriores y ha señalado que hay irregularidades contenidas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre Extremadura que "ya no deberían aparecer" porque se subsanaron. Por ello, ha instado al actual Gobierno regional, del PP, a presentar la documentación que corrobora esa subsanación.
Álvarez de Miranda le ha respondido que él solo puede hacer referencia a los documentos que ha recibido y, en cuanto a un informe de la empresa Deloitte mencionado por Iglesias, ha dicho que aunque no se aporten los documentos en el trámite de alegaciones, se debe hacer lo necesario para "que conste que existen informes de auditoría que pudieran representar una valoración adicional a la del Tribunal".
Tanto Iglesias como Angulo han destacado la importancia del dictamen que va a elaborar la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento extremeño sobre el informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2010 y 2011, y la parlamentaria del PSOE se ha mostrado "convencida de que se podrán analizar con más detalle las salvedades y las recomendaciones".