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La Fiscalía remite a Alaya el archivo de la denuncia del convenio de limpieza de Granada vinculado a Guerrero

La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado las diligencias informativas abiertas tras la denuncia presentada por la empresa Limpieza Pública de la Costa Tropical (Limdeco) para que dictara la nulidad del convenio colectivo de trabajo para el sector de la limpieza pública viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación del alcantarillado de Granada, cuya rúbrica fue supuestamente auspiciada por el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Hay que destacar que la Fiscalía Superior remitió una copia del decreto de archivo a la Fiscalía Provincial de Sevilla "para su conocimiento y a los efectos legales oportunos pertinentes" en las diligencias previas 174/2011 relativas al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.
Tras ello, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha dado traslado del decreto de archivo a la juez Alaya "por entender que estas actuaciones afectan a las investigaciones que se siguen en dicho Juzgado y procedimiento".
En el decreto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Superior de Andalucía pone de manifiesto que, en su denuncia, Lidemco refiere que se ha personado como acusación popular en el caso ERE "respecto de la intervención de Guerrero".
A juicio de la Fiscalía, la Administración autonómica "no participó en la suscripción del convenio colectivo provincial de Granada referido", señalando que, "formalmente, en el convenio colectivo suscrito no existen elementos que permitan al Ministerio Fiscal solicitar la nulidad del mismo, que tampoco ha sido impugnado por las partes intervinientes".
El Ministerio Público no detecta que, en el convenio, se hayan violado derechos fundamentales, señalando que "el pacto o acuerdo previo a la suscripción del convenio cuya legalidad discute la entidad solicitante, en el que intervino al parecer la administración autonómica por razón del conflicto surgido, es ajeno al Estatuto de los Trabajadores".
De este modo, "lo que determina el contenido del convenio es el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, no los contactos que puedan haber existido por parte de alguno de ellos con otras entidades u organismos fuera de la Comisión Negociadora propiamente dicha".
Además, según la Fiscalía, "no consta que las empresas afectadas por el posible incumplimiento, por parte del entonces director general de Trabajo, hayan solicitado la nulidad del convenio colectivo suscrito", por lo que "no procede instar por el Ministerio Público la nulidad" de dicho convenio y decreta el archivo de las diligencias informativas abiertas.