La Fiscalía recurre ante la Audiencia de Madrid la libertad provisional de dos empresarios por falsos cursos

Tezanos y Víctor fueron detenidos el pasado 11 de marzo por su vinculación a esta corruptela relacionada con falsos cursos de formación organizados para captar subvenciones. Días después, comparecieron ante el magistrado que les dejó en libertad con cargos.

Sin embargo, la Fiscalía de Madrid ha decidido recurrir en apelación este auto, dado que ya en las comparecencias solicitó al juez que se acordara su ingreso en prisión preventiva, al igual que el presunto cabecilla de la trama José Luis Aneri.

Fuentes jurídicas han señalado que el abogado de Tezano impugnó este recurso el pasado 28 de marzo, siendo admitido el pasado 2 de abril. por ahora, cumple las comparecencias que se le fijaron como medida cautelar.

Por tanto, será la Audiencia Provincial de Madrid la que decida sobre si finalmente Tezanos y Porta ingresan en prisión preventiva por estos hechos.

CASO ANERI

Estas detenciones se produjeron en el marco de la investigación abierta a raíz de presuntas irregularidades en el uso de los fondos destinados a formación continua por parte de asociaciones empresariales como Sinergia Empresarial S.L, dirigida por José Luis Aneri, exsocio de Tezanos.

Tras descubrirse el caso, Tezanos defendió que FEDECAM no tenía nada que ver con el presunto fraude vinculado Aneri ya que su relación con el empresario, ya en prisión, terminó en 2011.

A los detenidos se les acusa de utilizar una red empresarial en la que familiares hacían las veces de socios y responsables para intentar blanquear grandes cantidades de dinero a través de sucesivas transferencias.

La federación de cooperativas habría transferido importes millonarios, con la intención de blanquearlos, a través de un entramado de al menos cuatro sociedades mercantiles. Los responsables y socios de estas compañías son familiares de las 13 personas detenidas, diez de ellas en Madrid.

La Policía asegura que en diciembre de 2012 recibió un informe de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), donde se apuntaba que una federación de cooperativas había concursado en la resolución de tres cursos de formación durante 2010 y 2011 para obtener las subvenciones correspondientes, logrando una cantidad de 4,5 millones de euros.

El total de alumnos inscritos en estos tres cursos es de 10.761, pero un muestreo aleatorio efectuado sobre cientos de ellos reveló que ninguno de los mismos había realizado las acciones formativas de las que supuestamente tendrían que haber formado parte.