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La Fiscalía imputa malversación, cohecho, falsedad documental y fraude a los trece encausados del caso Peaje

Las defensas piden el archivo de las pesquisas, si bien, en caso de que sean juzgadas, reclaman que lo sean por un tribunal profesional
La Fiscalía Anticorrupción imputa delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la administración a los trece encausados del conocido como caso Peaje, que desde principios de 2009 investiga el presunto perjuicio de 42 millones de euros del Consejo de Mallorca durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estas obras.
Durante una vistilla celebrada este lunes en el Juzgado de Instrucción número 5, el fiscal Miguel Ángel Subirán ha expuesto los motivos por los que atribuye estos delitos a los inculpados, alegaciones a las que se han opuesto las defensas, quienes han solicitado el archivo de las pesquisas al alegar que no existen indicios de que sus patrocinados incurrieran en las anteriores conductas delictivas.
En concreto, entre los imputados se encuentran el exconsejero insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consejo Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de Unió Mallorquina (UM) al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007, cuando el organismo estaba presidido por Maria Antònia Munar.
Al margen de la petición de sobreseimiento, algunas de las defensas han solicitado la nulidad del auto por el que la jueza Ana San José acordó transformar estas pesquisas de cara a su enjuiciamiento por un jurado popular, puesto que, según los abogados, la causa debería ser juzgada por un tribunal profesional.
Los letrados han alegado que en el relato de hechos que la magistrada realizaba en su auto, apuntaba a la posibilidad de que algunos de los imputados hubieran incurrido en un delito de prevaricación -ilícito cuyo enjuiciamiento debe ser llevado a cabo por parte de magistrados- si bien sin imputarles formalmente el mismo. Por el contrario, los delitos que sí les son imputados son competencia del tribunal del jurado.
Mientras tanto, el abogado del Consejo de Mallorca, personado como acusación particular, ha solicitado que sea imputada como responsable civil la empresa Pamasa, con la que la Institución insular suscribió, el 24 de junio de 2004, el contrato para la ejecución de las obras.
Según la Fiscalía, después de que el Consejo firmase el acuerdo con Pamasa -constituida un mes antes y que a su vez subcontrató los trabajos a la UTE investigada-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.
Así, según postula el Ministerio Público, se apoderaron de los fondos del Consejo al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.
699.000 EUROS PARA UN CHALET QUE DISFRAZARON DE TEMPLO CHINO
Entre los gastos cargados al Consejo se encuentran los 699.087 euros que costaron las obras de una edificación levantada en el municipio de Búger, que según las investigaciones es un chalet levantado con fondos públicos a pesar de que varios imputados defienden que se trata de un templo chino construido con donaciones privadas.
De hecho, Francisco Orejudo y otros encausados aseguraron en el marco de esta causa que este templo de meditación fue construido gracias a las donaciones de los socios de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang -a la que pertenecen-. Unas justificaciones que la jueza califica en su auto de "surrealistas" como lo son, añade, las declaraciones de los testigos que "dicen haber aportado fondos, algunos desde Taiwán, para construir el templo a fin de que descanse en él un maestro de la organización".
"Además, añaden otra justificación igual de increíble como es que se iba a donar la casa a la asociación, aunque no el terreno" -perteneciente a la mujer de Orejudo, también imputada-, añade la magistrada.
LAS DEFENSAS NIEGAN EN LA VISTILLA UN DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS
Los abogados de los imputados en el marco de esta causa, cuya operación policial se saldó en marzo de 2009 con la detención de un total de 16 personas, han vuelto a negar en la vistilla un desvío de fondos públicos a fines particulares y que el supuesto desfase repercutiese en las arcas del Consejo, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.
En concreto, los trabajos corrieron a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).
NULIDAD DE LAS PESQUISAS
Durante la instrucción de las pesquisas, uno de los imputados del caso, el excelador de la carretera Gabriel Mestre, reclamó la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo tras detectar hasta 565 expresiones ininteligibles y otros numerosos errores en la transcripción de los interrogatorios practicados en la causa, lo que, tal y como alegaba su defensa, da pie a que varíe el sentido de las declaraciones y resulta "perjudicial para los derechos" de los inculpados.
Así lo exponía el letrado de Mestre, Josep de Luis, quien entre otras imprecisiones destaca las plasmadas como 'pequeño enterramiento' en lugar de 'pequeño cerramiento'; 'María Antonia Manara' en vez de Maria Antònia Munar, expresidenta del Consejo de Mallorca; 'Construcciones Montugi', que nada tiene que ver con las investigaciones y sin que "esta defensa sea capaz de identificar a qué se refiere"; e incluso frases como 'vinieron dos chicas de fotocool o no se qué'. Así hasta más de 500 ambigüedades y equívocos.