Fiscalía ve una "operativa de blanqueo orquestada desde el PP" que tenía "dinero suficiente" para la campaña

El Fiscal delegado Anticorrupción, Pablo Ponce, destaca, en su escrito en el que pide al juzgado del caso Imelsa que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo al considerar que existen indicios de responsabilidad criminal en la actuación de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, que las diligencias practicadas revelan "la existencia de una operativa de blanqueo de capitales orquestada desde el grupo municipal del PP" y destaca que el partido, de acuerdo con las cuentas, "tenía dinero suficiente" para la campaña a pesar de que los investigados alegaron que se les pidió donaciones para poder hacer frente al periodo electoral.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, aparece la exalcaldesa de Valencia y actual senadora, Rita Barberá, como "una de las que ingresaron los 1.000 euros en la cuenta bancaria del Grupo Municipal Popular" el pasado 1 de abril de 2015 y que se hizo efectivo mediante su cargo en una cuenta de Bankia. Asimismo, aparece el exconcejal 'popular' y actual diputado autonómico en les Corts, Miquel Domínguez, como otro de los que realizó la transferencia de 1.000 euros el día 25 de marzo de 2015. En este caso, el fiscal formula otra petición dirigida al Tribunal Superior de Justicia, al ser aforado ante este órgano.

El fiscal cree que aunque durante las diligencias los investigados en la causa declararon que "era la primera vez que les solicitaban una aportación dineraria de semejantes características" y se excusaban en que "se necesitaba el dinero para financiar la campaña electoral, esta afirmación queda "desvirtuada" tras el examen de las cuentas del grupo popular municipal que muestra que "contaba con el dinero metálico suficiente para afrontar la campaña".

Asimismo, puntualiza que en la documentación intervenida, está registrado el gasto de la campaña electoral del 2015 (116.900 euros), frente a la campaña de 2011 de 241.698 euros, cuando "no se pidió ninguna aportación" aunque "el gasto fue superior".

Además, explica que de la información bancaria se desprende que varias de las personas que realizaron la aportación en fechas posteriores realizaron ingresos en efectivo en sus cuentas por importes que oscilan entre los 1.000 y los 500 euros.

En este sentido, el fiscal apunta en su informe que, de acuerdo con la investigación efectuada por la UCO, "efectivamente en poco más de diez días de finales del mes de marzo de 2015, concejales, asesores y afiliados del PP hicieron aportaciones de 1.000 euros, salvo dos de ellos que las hicieron de 999 euros" porque al no tener DNI el banco no podía recoger un importe superior.

"PITUFEO"

El informe de la UCO señala que la operativa es tradicional en el blanqueo de capitales, denominada como 'smurfing' o 'pitufeo', cuyo objetivo "no es otro que evitar que las autoridades monetarias sospechen de ingresos en efectivos en cantidades superiores, de tal forma que de distribuye la cantidad total a ingresar".

"Las diligencias revelan la existencia de una operativa de blanqueo de capitales orquestada desde el grupo municipal del PP" en la que aparece Barberá como una de las que efectúa la transferencia, añade.

La investigación deriva de una querella que se presentó por la Fiscalía Anticorrupción y que tiene su origen en la aportación y denuncia de unas grabaciones efectuadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent en las que se puso de manifiesto las conversaciones que mantuvo, por una lado, con la exconcejal del PP María José Alcón, y por otro lado, con otros responsables políticos y cuyo eje son las presuntas irregularidades en la contratación pública a cambio de comisiones de empresas adjudicatarias.

Con las grabaciones, ven "indicios" de "práctica habitual de adjudicación irregular" de contratos en el ámbito de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia dirigida por Alcón y "la existencia de una caja B dentro del PP, proveniente de las comisiones que se cobraban a los adjudicatarios en dichas contrataciones y que parte de dicho dinero fue a parar de forma opaca al PP".

El juzgado de Instrucción 18 acordó intervenir el teléfono de la investigada Alcón, lo que les desveló "las actuaciones de las aportaciones dinerarias y el origen de los fondos y afloramiento de dinero negro u opaco del grupo municipal del PP".

Además, explica que, en relación a estos hechos, la Fiscalía de Valencia recibió un escrito anónimo con matasellos de 20 de abril de 2015 en el que se informaba de "una supuesta financiación ilegal de la campaña del PP" y cuya mecánica consistía "en el ingreso, por medio de transferencia, en las cuentas bancarias del partido de cantidades de 1.000 euros, salvo dos de ellos que las hicieron de 999 euros porque la entidad bancaria no podía recoger un importe superior" al carecer de DNI.

En este sentido, el fiscal apunta en su informe que, de acuerdo con la investigación efectuada por la UCO, "efectivamente en poco más de diez días de finales del mes de marzo de 2015, concejales, asesores y afiliados del PP hicieron aportaciones de 1.000 euros, salvo dos de ellos que las hicieron de 999 euros".

CUATRO SE NEGARON

El fiscal también destaca que cuatro asesores entonces del grupo se negaron al ingreso de los 1.000 euros porque les obligaban a recibir ese importe en dos billetes de 500 euros, que no eran un "donativo" sino una aportación "voluntaria" por lo que les pedían "hacer algo ilegal".

Uno de ellos no vio sentido acudir a la alcaldesa porque la orden "venía de arriba"; otra que no se lo dijo a Barberá porque suponía que lo tenía que saber; otro que no le inspiraba confianza y una última que no era ninguna donación porque les iban a reintegrar el dinero. De los 50 investigados, dos han reconocido su participación y describen la operativa en idéntico sentido.