Francisco Camps testifica este martes a las 10.30 horas en Valencia por el 'caso Nóos'

En esta comparecencia --la segunda que presta por este asunto--, Camps, también diputado en las Corts, deberá contestar por escrito las preguntas que le trasladen las partes en relación con la gestación de los Valencia Summit organizados en 2004, 2005 y 2006 por el Instituto Nóos y por los que esta entidad percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos, parte de cuyo destino está siendo investigado.

La declaración se realizará ante el secretario judicial del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, quien actuará en nombre de la secretaria del juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, han señalado las mismas fuentes.

Camps prestó declaración por primera vez en este procedimiento el pasado 1 de febrero, en una comparecencia en presencia de secretaria judicial y por escrito para --según expuso el juez José Castro-- no ser "influenciado por terceras personas" e "inexcusablemente" en un despacho de carácter oficial. Tras esta declaración, el juez estimó "pertinentes" los pliegos de repreguntas que, en esta nueva ocasión, le plantearán por parte de la defensa de Iñaki Urdangarin, y la acusación popular ejercida por los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.

En concreto, Camps contestó en su despacho oficial del Consell Jurídic Consultiu, en Valencia, a 64 preguntas planteadas por el Ministerio Fiscal y a ocho de Manos Limpias. En ellas, negó que hubiera mantenido una reunión en el Palacio de la Zarzuela con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para hablar de la celebración de los Valencia Summit, y que se hubiera reunido con él o con su socio en la ciudad o cualquier otro lugar a propósito del proyecto.

La mayoría de sus respuestas fueron negaciones o la afirmación de "lo desconozco" a las cuestiones, mientras que las más largas hicieron referencia a la celebración de los Juegos Europeos, evento que atribuyó a una decisión "política" del Consell y al Parlamento valenciano.

Asimismo, aseguró que en todas las Administraciones a las que ha pertenecido ha dejado "libertad absoluta" a los servicios jurídicos y a los funcionarios para elaborar los procedimientos "correspondientes en cada circunstancia, limitando mi papel al estrictamente asignado en cada responsabilidad política", dijo.