Gallardón, Fernández Díaz y Mato presentarán mañana el Estatuto de la Víctima a los colectivos afectados

La presentación tendrá lugar en la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en el Palacio de Parcent, al que ha sido invitada una quincena de representantes de asociaciones de víctimas de violencia de género, terrorismo o de grandes catástrofes.

Gallardón presentará un texto que persigue dotar de mayores garantías y derechos a las víctimas de delitos para ofrecerles una mayor protección aunque no estén personadas en las causas judiciales. Esta legislación acompañará a la normativa específica que se encuentra vigente para casos de terrorismo o violencia de género.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre del pasado año el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima, que permitía recurrir la obtención de permisos penitenciarios y la clasificación en tercer grado de sus agresores. Además, podrían recurrir su libertad condicional en casos de condenas superiores a los cinco años de cárcel.

Entre sus principales novedades, el texto establecía que las víctimas, incluso aquellas que no se hubieran personado con anterioridad, podrían recurrir el sobreseimiento de su causa en el plazo de 20 días. En la actualidad, el plazo de tres días resulta insuficiente para presentar impugnaciones.

DERECHO DE REFLEXIÓN

El Estatuto introducía lo que Ruiz-Gallardón calificó como el "derecho de reflexión" para evitar "escenas dolorosas" como las producidas en los accidentes de Spanair o Angrois. Así, prohibía a abogados y procuradores dirigirse a las víctimas de grandes catástrofes para contratar sus servicios en el plazo de un mes desde el accidente. Esta prohibición quedará sin efecto si su prestación ha sido solicitado expresamente por el afectado.

El Estatuto aumenta las medidas de protección con el fin de evitar una victimización secundaria. De este modo, se evita el contacto entre las víctimas y sus familiares con los delincuentes y se reduce el número de interrogatorios para evitar sus efectos traumáticos.

Igualmente, el anteproyecto protegía su intimidad introduciendo una "especial" reserva en lo relativo a sus datos de carácter personal y a su imagen, que no podrán ser divulgados por los medios de comunicación.

Estas medidas de protección se extreman para personas especialmente vulnerables, como menores, discapacitados o víctimas de delitos violentos, sexuales, terrorismo, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer o grandes siniestros con víctimas múltiples.

El anteproyecto del Estatuto de la Víctima ahondaba en el derecho a la información, desde lo relativo a la interposición de una denuncia hasta los servicios de asistencia médica o psicológica y el asesoramiento legal o económico al que tienen acceso.