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Gallardón propone pasar de 17.621 a 22 aforados en España

Alberto Ruiz-GallardónEFE

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado en una entrevista en el diario El País que en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, el Gobierno propone que los aforados se limiten en España a la Familia Real y los 22 titulares de los poderes del Estado. Sobre la financiación ilegal de los partidos ha dicho que la responsabilidad debe caer sobre quien se enriquece individualmente.

Para el ministro de Justicia los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, "y esto suma 22 personas", ha dicho en una entrevista en El País.
No obstante, ha explicado que esta propuesta no se pueda realizar a través de la ley orgánica porque alguno de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, "que no pueden ser modificados por una ley orgánica”.
"Si esta ley establece este propósito, corresponderá ya a los partidos, mediante el pacto de regeneración que debe abordarse, reformar los Estatutos de autonomía y, en su momento, en el día y en el caso de que se reforme la Constitución, establecer una limitación drástica de estos aforamientos", ha explicado en la entrevista.
A su juicio, el aforamiento "no tiene por qué constituir un privilegio", porque, según ha señalado, puede ser una merma de un derecho fundamental, "que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria".
Financiación ilegal de partidos
El ministro, preguntado por los casos de financiación de los partidos, ha explicado que en la tramitación de la reforma del Código Penal, que está en el Congreso, se “individualizará la responsabilidad penal en los gestores de los partidos políticos, una persona responsable de las finanzas que asumirá la responsabilidad penal de cualquier acto ilegal que se realice. Y si esa persona hubiese realizado ese acto con conocimiento o consentimiento de directivos de ese partido político, ellos también serán penalmente responsables”.
Al ser preguntado por el caso Bárcenas ha negado que el PP se financiara ilegalmente como recoge el juez Ruz en un auto, en el que señala que hubo una caja B en Génova para afrontar campañas y sobresueldos. No obstante, Gallardón ha sentenciado que “si eso, al final, cuando haya una resolución judicial firme se confirma, merecerá toda mi condena”