El Gobierno canario acusa al Ejecutivo de Rajoy de intentar "tapar la boca" a los ciudadanos sobre prospecciones

Para Ríos "revela un talante profundamente antidemocrático" al considerar que "no se centra en cuestionar aspectos concretos de la pregunta, sino que se recurre la misma convocatoria de consulta", prevista para el 23 de noviembre.

"Lo que pretende el Gobierno de España es tapar la boca a los canarios y, ante esa actitud, debe saber que los ciudadanos de todas las islas defenderán su derecho a opinar sobre su futuro", subrayó en un comunicado.

Añadió que el PP "quiere evitar todo" tipo de consultas, "independientemente de su adecuación" a las competencias autonómicas, ya que "tomó la decisión política de recurrir porque no quiere que se realice la consulta", buscando a partir de ahí "excusas jurídicas para enmascarar esa decisión política".

Por ello, entiende que "no sólo recurre la pregunta sino también los decretos que regulan la consulta". En este sentido, recordó que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía "son plenamente constitucionales".

Así, afirmó que la consulta "es un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionado nunca" por el Gobierno central.

"La consulta no supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo", recordó.

En cuanto a la pregunta, apuntó que ésta "no es inconstitucional porque no recaba la opinión de la ciudadanía" respecto a las prospecciones autorizadas por el Estado sino al modelo medioambiental y turístico, "competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Por ello, Ríos está convencido de que el Tribunal Constitucional (TC) confirmará el "pleno ajuste" constitucional de la consulta y pregunta, por lo que cree que "levantará la suspensión automática derivada de la impugnación estatal: Los argumentos del Gobierno del PP carecen de base jurídica, suponiendo nada más que una decisión política que persigue evitar que se consulte a los canarios, impidiéndoles que se pronuncien sobre su futuro".

Finalmente, incidió en que el Gobierno de Canarias "seguirá trabajando como hasta ahora para evitar" las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, subrayando que la vía judicial sigue abierta con la interposición de medidas en contra de la desestimación del requerimiento formulado contra la resolución de la Dirección General de Política Energética del Gobierno central que autorizó las prospecciones a Repsol, una iniciativa del Ejecutivo regional que incluye la petición de suspensión cautelar de la citada resolución.