El Gobierno al TC la ley que prohíbe el fracking en Cantabria

El Ejecutivo, que solicita la suspensión de la ley cántabra, considera que el texto aprobado por el Parlamento regional por unanimidad a propuesta del Gobierno del PP, es "inconstitucional" porque vulnera la Ley del Sector de Hidrocarburos, que prevé que corresponde a la Administración General del Estado otorgar las autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma y en las zonas de subsuelo marino.

El Gobierno entiende que la ley de Cantabria, al prohibir la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del fracking, "vacía de competencias" al Estado en materia hidrocarburos. En este sentido, señala que "las competencias autonómicas sobre medio ambiente no pueden extenderse de forma que impidan completamente el ejercicio de las competencias estatales".

Por otro lado, el Ejecutivo puntualiza que la legislación estatal no ignora la protección ambiental en la utilización de esta práctica, ya que, tanto el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto Legislativo de 2008, como la Ley de evaluación ambiental, de 2013, sujetan los proyectos que utilicen esta técnica a la evaluación de impacto ambiental, que "podrá establecer todas las medidas de protección que sean necesarias en cada caso, o bien, si fuese necesario, descartar los proyectos que ofrezcan riesgos para el medio ambiente".

Asimismo, el Gobierno argumenta que la normativa estatal es conforme con la normativa de la Unión Europea en la cual no se prohíbe esta técnica de explotación de gas no convencional. Es más, recuerda que la Comisión Europea ha adoptado esta misma semana, el pasado 22 de enero, una recomendación que establece los principios a aplicar por los Estados con objeto de garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el clima en lo que respecta a la técnica de fracturación hidráulica de alto volumen (fracking) utilizada en particular en las operaciones con gas de esquisto o no convencional.

Y añade que en el caso de España, la normativa vigente ya prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental que den cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha convocado de urgencia una rueda de prensa para valorar la decisión del Gobierno central. El titular de Medio Ambiente tiene pendiente además una comparecencia en el Pleno del Parlamento, solicitada por el PP, que se celebrará en cuanto la Cámara retome el periodo de sesiones.