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El Gobierno alega que tiene "las características de un referéndum", que la Generalitat no puede convocar

Denuncia que plantea las mismas preguntas que la primera consulta y que también así atenta contra la soberanía nacional
El Gobierno alega en su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva consulta soberanista del 9 de noviembre que este proceso tiene "las características propias de un referéndum" y que la Generalitat de Cataluña no tiene competencias para ello.
Este es el primero de los fundamentos de la impugnación decidida este viernes por el Consejo de Ministros y registrada en el alto tribunal, al que el Gobierno le solicita además la suspensión inmediata de todos los actos de preparación de dicha consulta, tanto los ya realizados como los que tengan lugar en adelante.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy explica que entiende que la voluntad de realizar ese proceso participativo, como lo ha denominado la Generalitat, es definitiva y que realiza actuaciones por distintas vías para celebrarlo.
"Es de especial relevancia la información difundida a través de la página web oficial de la Generalitat de Cataluña creada al efecto -www.participa2014.cat-, la apertura de un período de deliberación participativa o el despliegue de una infraestructura para efectuar la consulta, entre otras", explica el Gobierno.
FUNDAMENTOS
El Ejecutivo señala que los fundamentos que motivan esta impugnación son los mismos de la anterior, la de la primera consulta del 9N. Por un lado, que se trata de hecho de un referéndum y que la administración autonómica no tiene competencias para orgnizarlo, "vulnerándose así los artículos 23, 81, 92, 149.1.32º y 168" de la Constitución.
Lo que convierte la cita en una votación refrendaria es el hecho de que se reclame "al cuerpo electoral su expresión", que vote en un "verdadero procedimiento electoral".
"En la documentación oficial sobre la convocatoria se alude reiteradamente al ejercicio del voto. Por tanto, se aluda bien a participación ciudadana, consulta, consulta no referendaria o a cualquier otra denominación, lo cierto es que, con independencia de la terminología que se utilice, se someten unas preguntas a los ciudadanos, es decir, al cuerpo electoral, al que se agrega a otros residentes en Cataluña, para que las contesten mediante el ejercicio del voto, es decir, mediante la expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción", expone el Ejecutivo.
El Gobierno añade otros aspectos que también considera que vulneran la Constitución. Por un lado, que las preguntas que se pretende formular a los ciudadanos ese domingo son "exactamente las mismas" que las planteadas para la consulta original del 9 de noviembre, la suspendida.
"Atentan igualmente frente a la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español, y frente a indisoluble unidad de la Nación española, en los términos que resultan de los artículos 1.2 y 2 de la propia Constitución", explica el Ejecutivo.