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El Gobierno cree que las comunicaciones, web y vídeos de la Generalitat tienen efectos jurídicos

Soraya Sáenz de Santamaríatelecinco.es

El Gobierno basa su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva consulta catalana en que todas las actuaciones de la Generalitat de Cataluña para organizarla "tienen efectos jurídicos y trascendencia externa", aunque no exista una única convocatoria como tal, como ocurría en el referéndum original previsto para el 9 de noviembre.

En concreto, el Ejecutivo aporta como pruebas la web 'participa2014.cat', las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
El Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad alegando que la nueva convocatoria vulnera los artículos 1.2 y 2, 23, 81, 92, 149.1.32º y 168" de la Constitución, y solicita al alto tribunal que suspenda la convocatoria y el resto de actos "tendentes a preparar la consulta", así como cualquier actuación "aún no formalizada jurídicamente".
Además, emplaza al tribunal de garantías a comunicar a Artur Mas la suspensión, si así lo decide, y a ordenar su publicación en los diarios oficiales estatal y catalán, para que "alcance conocimiento y eficacia general respecto a cualesquiera terceros", según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.
"Idéntico efecto jurídico"
A juicio del Gobierno, todas las actuaciones que está tomando el Ejecutivo de Artur Mas pretenden conseguir "idéntico efecto que un decreto de convocatoria" y sólo buscan "evitar infructuosamente" la impugnación.
Según el Gobierno, toda la organización del 9N a través de la citada páguina web reviste "idénticos efectos jurídicos" que una convocatoria ordinaria, porque procede de la Generalitat, contiene un video de Mas que asume la convocatoria, delimita quiénes están llamados a participar, fija fecha, hora y lugar de votación, establece las preguntas "de forma cerrada, alternativa y excluyente", organiza una administración electoral "jerarquizada", "concatena trámites que componen un procedimiento electoral" y abre una campaña informativa.
El Ejecutivo admite en su recurso que no se dirige contra una "actuación jurídicamente formalizada" de convocatoria, pero argumenta que no es requisito imprescindible para acudir al alto tribunal. "Pues lo importante no es el tipo de acto o resolución, sino su posible virtualidad lesiva del orden constitucional", se expone en el recurso.
"Finalidad torticera" de la Generalitat
El Gobierno defiende este criterio aportando doctrina constitucional sobre casos admitidos por el TC en los que el Ejecutivo recurrió contra "puras actuaciones materiales", "documentos sin fecha ni firma", manifestaciones de portavoces del gobiernos autonómicos o "un simple oficio de un director general".
"Para trabar el proceso constitucional a instancia del Gobierno del Estado es necesaria cualquier actuación imputable a una comunidad autónoma que, con independencia de su naturaleza, forma o grado de eficacia, envuelva una afirmación inequívoca de ejercicio de una competencia propia, lesione la competencia ajena o incurra en un vicio de inconstitucionalidad no competencial", argumenta el Ejecutivo.
Y añade en su defensa el Gobierno que de no ser así, de no poder acudir contra actuaciones de este tipo, estaría en una "total indefensión ante actuaciones conscientemente planificadas con la finalidad torticera de intentar evitar el control constitucional".
En esta línea, asegura que desde una perspectiva de derecho administrativo existe "un acto verbal de convocatoria" por parte de Artur Mas y que se recoge en la página web abierta por la Generalitat para organizar este nuevo proceso.
Infracciones constitucionales
El Gobierno insiste en su recurso que la nueva consulta plantea idénticas preguntas a los catalanes que la consulta suspendida y que se vuelve a llamar a los ciudadanos a opinar sobre el "futuro político de Cataluña", como si el pueblo catalán fuera soberano para pronunciarse sobre la unidad de España.
"La convocatoria pretende, con independencia de cuál sea el resultado, hacer visible una participación popular colectiva, que aparecería como sujeto soberano", argumenta el Ejecutivo, que considera por todo ello que se vulneran los artículos 1.2 y 2 de la Constitución, que aseguran que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que es indisoluble la unidad de la nación.
Agrega que se llama a los catalanes además a un proceso similar al referéndum, para el que la Generalitat no tiene competencias, por lo que incumple el artículo 168 de la carta magna, que reserva la organización de referendos al Gobierno.
Para el Ejecutivo, tampoco el Estatuto de Autonomía de Cataluña ampara esta consulta. Esta norma regula las consultas populares sobre aquellos asuntos que son de competencia de la Generalitat, entre las que no se encuentra decidir sobre la unidad de España.
También el Gobierno entiende que la nueva consulta vulnera los artículos 23, 81, 92, 149.1.1, 149.1.18 y 149.1.32 de la Constitucional, todos ellos relativos a que es necesario organizar un referendum si se pretende consultar a los ciudadanos "sobre un asunto de trascendencia constitucional" como es la unidad territorial.
Porque para el Ejecutivo "la consulta es, en efecto, un 'proceso de participación' pero por su contenido no es una mera consulta administrativa, sino un verdadero proceso de participación de carácter político", agrega.
Cuñas radiofónicas, vídeos y requerimientos
Entre los documentos en soporte papel e informático, el recurso acompaña el acuerdo del Consejo de Ministros de este viernes acordando impugnar la nueva consulta soberanista, el dictamen del Consejo de Estado avalando su decisión y un acta para el ofrecimiento de prueba documental autorizada ante notario del contenido de la página web www.participa2014.cat registrada por la Generalitat.
Los servicios jurídicos del Estado recogen declaraciones de mandatarios catalanes, como del secretario de Comunicación del Gobierno Josep Martí Blanch, que muestran su "deliberada" intención de "dificultar la fiscalización" del proceso. Alude a vídeos institucionales de Mas o al correo electrónico enviado a los Ayuntamientos para que aseguren el buen desarrollo de la convocatoria.
Recoge el documento que evidencia como los líderes políticos declaran "hasta la saciedad" que la consulta se celebrará con colegios, urnas y papeletas y piden la colaboración de voluntarios. Además, adjunta anuncios y cuñas radiofónicas invitando a la participación, notas de prensa, cartas a sindicatos de enseñanza y otros extractos de prensa.