El Gobierno deja en manos de los grupos parlamentarios resolver si cabe o no interpelar al presidente en el Congreso

La polémica se suscitó el pasado mes de agosto cuando los socialistas hicieron dos intentos de interpelar a Rajoy sobre este asunto y ya la Mesa del Congreso, con mayoría del PP, respondió que existían dudas reglamentarias sobre la posibilidad de dirigir al presidente del Gobierno esta figura de control, a la que siempre responden los ministros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno ha explicado el interés del Ejecutivo por presentar este mismo mes un calendario de aplicación de las medidas contra la corrupción que quiere plantear, pero ha dejado claro que ninguna afectará a la citada polémica parlamentaria: es un asunto que atañe al Reglamento del Congreso y sobre él sólo deciden los grupos, ha dicho.

Sáenz de Santamaría ha reiterado por lo demás que el Gobierno quiere acordar con las distintas fuerzas políticas las medidas de regeneración democrática en las que trabaja y que este mismo mes hará una primera toma de contacto con los grupos.

El Consejo de Ministros verá este mismo mes un informe con las leyes que se verán afectadas y un calendario para su reforma, según adelantó el propio Rajoy en su comparecencia en el Senado el 1 de agosto para dar cuenta del 'caso Bárcenas'.

CAMBIOS LEGALES

La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, supervió el pasado martes los trabajos sobre este paquete de medidas. Entre ellas figura una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que contendrá el procedimiento obligado de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos.

También, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para una más amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos políticos como de las fundaciones vinculadas con los mismos.

En tercer lugar, el Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con la que se "fortalecerá el régimen de prohibiciones de contrataciones con el sector público a todas las personas -tanto físicas como jurídicas- condenadas por delitos relacionados con la corrupción".

Otro texto regulará por ley las Funciones Políticas para establecer las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regular la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato.

Asimismo, el Gobierno ultima la reforma del Código Penal para "el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal y mejorando el control de la falsedad deliberada de sus cuentas por parte de los partidos políticos o el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos", en palabras de Mariano Rajoy.

Por último, el Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque, según dijo el presidente, "lo verdaderamente eficaz en la lucha contra la corrupción es la agilización de los procedimientos judiciales en los que se enjuicia este tipo de delitos, unido a una especialización por parte de quien deba enjuiciarlos".