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El Gobierno, satisfecho con la decisión del juez de prohibir la manifestación en Bilbao en apoyo de los presos de ETA

El Gobierno de Mariano Rajoy ha reconocido este viernes que está satisfecho con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de prohibir la manifestación convocada este sábado en Bilbao en apoyo de los presos de ETA y ha señalado que ésa era precisamente la posición del Ejecutivo, según han indicado fuentes gubernamentales.
El juez ha tomado esa decisión al considerar que la convocatoria parte de una asociación, Tantaz Tanta (Gota a Gota), que actúa como sucesora de la suspendida Herrira, "una organización de la que indiciariamente se presume su carácter terrorista". En su auto, indica que la marcha ha sido convocada por Herrira con la intención de burlar la suspensión que pesa en su contra.
Fuentes del Ejecutivo han expresado su respeto a la resolución del juez Velasco de impedir esa marcha de apoyo a los presos de ETA. Dicho esto, no han ocultado que el Gobierno está satisfecho con esa decisión porque ésa era precisamente su posición.
EL FISCAL PIDIÓ PROHIBIR LA MARCHA
De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió este jueves al juez que no permitiera la movilización y recordó que Herrira fue suspendida de actividades el pasado mes de septiembre durante dos años por su subordinación a la organización terrorista.
"No puede consentirse una manifestación que ha sido planificada por una organización de la que indiciariamente se presume su carácter terrorista", decía el fiscal Carlos Bautista, que apoyaba así la petición formulada por la AVT, Dignidad y Justicia y la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que denunciaron que el acto podría ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
En su auto, el juez Velasco no sólo prohibe la manifestación sino también "las actividades complementarias de apoyo, exaltación y financiación a favor de los presos de ETA" programados para mañana. Pone su decisión en conocimiento de la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil para que "adopten las medidas necesarias" para que se haga efectiva su decisión.