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González ve "grave" confundir las funciones de los tribunales con decisiones que competen a las administraciones

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este viernes que le parece "peligroso" y "grave" confundir "las instancias judiciales y sus legítimas funciones con decisiones que son competencia legítima de las administraciones" en relación con la paralización judicial del proceso de externalización sanitaria.
Tras visitar una empresa madrileña en Fuencarral, el jefe del Ejecutivo madrileño ha aseverado que el Gobierno regional "llegará hasta el final" en ese proceso que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que se puede recurrir hasta que se agoten todas las instancias judiciales.
"Nosotros estamos tomando decisiones que tienen por objeto hacer sostenibles los servicios públicos y, en este caso, la sanidad pública madrileña. Cuando los ingresos caen y hay que priroizar, hay que introducir medidas de gestión eficiante. Y estas medidas buscan este objetivo y consigue ese objetivo", ha recalcado.
Tras señalar que respetan las decisiones de los tribunales, González ha señalado que les sorprende que "una decisión de autoorganización de servicios públicos, que corresponde a la Administración, se pueda ver puesta en cuestión por razones de mera prevención y no por meras razones jurídicas de fondo sobre lo que pudiera pasar si pasaran cosas que a lo mejor no pasan".
"Eso, desde el punto de vista de la distribución de funciones, es peligroso y grave. Siendo respetuosos, la hemos recurrido y la discutiremos hasta el final porque no se ha pronunciado ningún tribunal sobre el fondo", ha dicho.
Y ha insistido en que les resulta "sorprendente" que en los tribunales de Madrid haya dudas sobre un modelo de gestión ya establecido y que se utiliza en muchas administraciones, entre ellas en comunidades gobernadas por la Izquierda.
En este sentido, ha recordado que uno de cada tres hospitales en Andalucía son públicos, siendo "el resto de gestión privada". Por ello, ha criticado que esto no plantee problemas jurídicos en el resto del territorio nacional y sí en Madrid "por cuestiones reivindicativas respetables", pero desde su punto de vista no compartible por los sindicatos". "No me parece razonable", ha dicho.