Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Govern recurre ante el TC dos leyes estatales sobre la administración pública

El Govern ha aprobado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes estatales de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la de régimen jurídico del sector público, al considerar que vulneran competencias de la Generalitat.
La consellera de Presidencia, Neus Munté, ha anunciado el recurso en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu y ha asegurado que llega "después de que el Consell de Garanties Estatutàries haya emitido su dictamen".
De la ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, el Govern ha recurrido la regulación detallada del sector público estatal respecto a los consorcios; la exigencia de contar con la certificación al inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y social para obtener NIF por parte de la Agencia Tributaria, y el régimen de adscripción de las fundaciones.
También considera que el establecimiento de la duración máxima de los convenios administrativos y el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración invaden competencias de la Generalitat.
Sobre la ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ha interpuesto recurso a la exigencia de rango de ley para establecer normativamente los trámites adicionales en el proceso administrativo.
También a la imposición de modelos de poderes que no se pueden inscribir en el Registro Electrónico de Apoderamientos, la limitación a un solo Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, el sistema de adhesión a plataformas tecnológicas a través de la Administración del Estado y la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las notificaciones infructuosas.
La Generalitat defiende que estos cambios vulneran competencias reconocidas en el Estatut y su autonomía para organizar sus propias instituciones.